Especialistas consideraron que el desempeño de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ha sido deficiente y ha olvidado su vocación de equilibrio que busca moderar al Poder Ejecutivo.

El pasado 15 de diciembre concluyó el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Las mesas directivas destacaron el número de iniciativas presentadas por las y los legisladores, pero expertos aseguraron que esto no representa un mayor trabajo parlamentario.

Entrevistado por El Economista, el especialista en el ámbito constitucional, Arturo Espinosa Silis, explicó que la dinámica por la que han optado en el Legislativo es presentar un gran número de iniciativas, las cuales no concluyen el proceso.

“Lo que creo es que no se tienen que presentar tantas iniciativas, sino que se tienen que presentar aquellas que realmente vayan a tener un cambio y que vayan a continuar con un proceso. Poco es el trabajo parlamentario real”.

Por otra parte, indicó que si bien Morena cuenta con la mayoría en ambas cámaras, no lo ha aprovechado para atender temas fundamentales.

“Ha hecho falta en la Cámara Diputados un poco de oficio político en los acuerdos que se necesitan para ciertos temas. Justamente, una cosa es que el presidente tenga una mayoría en el Congreso y que pueda apoyar algunos temas y algo diferente es que el Congreso se olvide de su vocación”.

Detalló que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, así como distintos nombramientos, o incluso la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fueron aprobados sin escrutinio por parte de los parlamentarios.

“Parece que le están dando al presidente de México un cheque en blanco y no están haciendo su papel, que es un trabajo en el cual debe haber un escrutinio, una discusión y debe revisarse si es lo mejor para el país o no”.

El también director de Strategia Electoral agregó que el Senado ha sido cuestionado por nombramientos de funcionarios, y destacó el caso de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, en el que además de cuestionamientos por la elegibilidad de la actual ombudsperson, se polemizó la votación del pleno.

“Eso habla de que el Congreso no está fungiendo como uno de los tres brazos del Estado, en el cual se debe salvaguardar la Constitución y el Estado de derecho”, sentenció.

El director de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, José Pablo Abreu, mencionó que el periodo de sesiones que concluyó confirma la complejidad que se vive políticamente en el país, a pesar de tener un Congreso con una amplia mayoría de un partido (Movimiento Regeneración Nacional).

Expuso que en ambas cámaras el proceso para designar a las nuevas presidentas de las mesas directivas  fue la primera situación que evidenció que a más de un año de entrar en labores todavía no termina de asentarse el Poder Legislativo.

Agregó que en la Cámara de Diputados la aprobación del Paquete Económico para el próximo año ni siquiera logró un acuerdo entre los partidos, ya que la oposición decidió no presentarse en la sede alterna en la Expo Santa Fe.

Consideró que las y los legisladores de Morena deben asumir la responsabilidad como mayoría y tratar de hacer análisis más profundos respecto de ciertas iniciativas, “porque pareciera que hay prisa por aprobar los temas y por momentos se evidencia que hay sumisión al Ejecutivo”.

Asimismo, manifestó que en ocasiones se percibe que la oposición busca ir en contra de todo lo que propone la mayoría en el Congreso y “tienen que ser más iguales y responsables, y asumirse como oposición, pero también como una oposición responsable”.

Cuestionó que durante el proceso para designar a Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya realizado un examen de los perfiles que duró únicamente tres días.

“En este Congreso hasta el día de hoy no hay contrapeso y como el Ejecutivo sabe que no tiene un contrapeso también considero que hay un menosprecio a la relevancia del Legislativo”.

Finalmente, externó que para el próximo periodo ordinario de sesiones (en febrero del 2020) será necesario que las y los congresistas asistan a las sesiones y reuniones importantes y que estén presentes en votaciones “porque ni desquitan su sueldo, ni ejercen su papel como legisladores al votar, ingresando barquitos o avioncitos de papel en las urnas que no son propias de representantes de la nación”.

“Es una mala señal para la democracia que las instituciones que deben fungir como contrapeso no lo están haciendo”.

Desencuentros en el Congreso de la Unión

Las polémicas suscitadas tanto en San Lázaro como en el Senado, durante el primer año de la LXIV Legislatura, han sido protagonizadas por dos bandos: Morena y sus partidos aliados, Verde Ecologista, PT y Encuentro Social, y la oposición centrada en el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Reforma al presupuesto de los partidos

La divergencia de opiniones en la materia derivó en que la Cámara de Diputados terminara por desechar la reforma constitucional para reducir 50% las prerrogativas a los partidos políticos.

Excepto por los diputados federales de Morena y PES, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, MC, PT, PVEM y PRD sufragaron en contra de la enmienda al Artículo 41 de la Constitución.

Los morenistas y pesistas sumaron 274 sufragios. Por tratarse de una enmienda constitucional, se requería para su aprobación de 321 votos, el equivalente a dos tercios de los 481 diputados federales que estuvieron presentes en la sesión.

La nueva titular de la CNDH

La designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue uno de los nombramientos en los que se vislumbró la división entre Morena y sus aliados con los partidos de oposición en el Senado de la República. Durante el proceso, Morena manifestó su apoyo a la ahora presidenta del organismo, Rosario Piedra, mientras que la oposición denunció su militancia en el partido del presidente. El 7 de noviembre resultó electa como titular, pero la oposición denunció que no se contabilizaron dos votos, por lo que no alcanzaba la mayoría calificada. El 12 de noviembre Rosario Piedra rindió protesta entre gritos y empujones.

La condonación de impuestos

Tras ir y venir de la Cámara de Diputados al Senado de la República dos veces, la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos fue aprobada por la Cámara Alta y remitida a las legislaturas locales para su aprobación.

Para allanarse a la minuta que los diputados federales les devolvieron por segunda vez al rechazar sus modificaciones y no regresárselas nuevamente, hecho que entramparía la enmienda, los senadores acordaron con la Cámara Baja un envío de una fe de erratas para estipular finalmente, en el Artículo 28 constitucional, que quedan prohibidas las condonaciones de impuestos.

Nuevos ministros de la Suprema Corte

En los dos nombramientos de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la oposición denunció la cercanía de las candidatas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el primer caso, para ocupar la vacante de la exministra Margarita Luna Ramos, algunas legisladoras y legisladores del PRI y PAN solicitaron regresar la terna al presidente de la República para proponer una nueva; finalmente en la Cámara Alta fue electa Yasmín Esquivel Mossa, mientras que para ocupar el cargo del exministro Eduardo Medina Mora resultó electa la exjefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat.

Inmunidad procesal al presidente

La Cámara de Diputados rechazó por segunda ocasión en forma unánime, en su calidad de Cámara revisora, los cambios propuestos por el Senado de la República a los artículos 108 y 111 de la Constitución, para eliminar la inmunidad procesal del presidente de la República.

La enmienda buscaba originalmente establecer que el presidente podrá ser juzgado penalmente por delitos graves, como corrupción, estipulados en el 19 constitucional. No obstante, la controversia surgió tras la propuesta de los senadores para que también los integrantes del Congreso de la Unión puedan ser imputados y juzgados en los mismos términos.

Ley Federal de Austeridad Republican

Luego de la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado anunciaron que interpondrían una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la discusión para aprobar la ley en el Senado, los legisladores de Morena defendieron que la norma busca erradicar los privilegios, mientras que partidos de oposición consideraron excesivo que se prohíba a exfuncionarios durante 10 años contratarse en la Iniciativa Privada y aseguraron que violenta el 5 constitucional, que garantiza la libertad de los ciudadanos de trabajar en sus profesiones.

marisol.velazquez@eleconomista.mx