El presidente Felipe Calderón propuso al Senado reformas para evidenciar públicamente a las empresas y empresarios que coadyuven con la delincuencia organizada, además de imposición de cárcel, inhabilitación para participar en contratos con el gobierno federal y hasta el decomiso de sus bienes cuando participen directa o indirectamente con la delincuencia organizada.

En su iniciativa presentada el jueves pasado, adelantada por este diario el pasado viernes, Calderón considera necesario crear un catálogo de delitos, por los cuales los empresarios y sus bienes podrán ser sujetos de responsabilidad penal, cuando el ilícito sea realizado a nombre o bajo su amparo y beneficio, logrando con ello sancionar aquellos usos corporativos en los que se lleva a cabo las conductas ilícitas en desarrollo de sus actividades .

El Ejecutivo dijo que las empresas están reconocidas en el Código Civil Federal como personas morales, aunque éstas no dejan de lado su aspecto jurídico, tan es así que en los instrumentos internacionales (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo) se les refiere como personas jurídicas, ya que es el término reconocido por la comunidad internacional .

Planteó crear un catálogo de delitos aplicables para las personas jurídicas de naturaleza privada.

La primera sería la sanción pecuniaria con la imposición de una multa en términos del delito correspondiente; la segunda la inhabilitación temporal con la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en contrataciones o contratos con el sector público.

El tercero se trataría del decomiso y la pérdida de los bienes instrumento, objeto y producto del delito o de bienes, cuyo valor sea equivalente cuando éstos han desaparecido. Finalmente, hacer pública mediante el Diario Oficial de la Federación u otro diario de circulación nacional la sanción a la que se hizo acreedor el empresario o la empresa por la responsabilidad penal que le haya sido comprobada.

Sin embargo, prevé atenuantes del delito cuando las personas morales colaboren con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos o, en su caso, para la localización y presentación de los probables responsables de la comisión del ilícito que realizaron, o bien, cuenten con un órgano de control que vigile el apego al marco legal que le es aplicable, el cumplimiento de sus políticas internas y de prevención de los delitos, ya que la acción del individuo puede escapar a la voluntad de la persona jurídica.

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