Este martes fue un día muy triste para los periodistas mexicanos. Ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así en este país podrido y corrompido hasta la médula.

La confirmación de la muerte del compañero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz nos ha consternado a todos.

Su muerte engordará las tétricas cifras de los periodistas muertos en Veracruz: desde el año 2000 quince periodistas han sido asesinados por posible relación con su trabajo, diez de ellos apenas en el gobierno del priista Javier Duarte, según el conteo de Artículo 19.

Gregorio Jiménez fue secuestrado-levantado de su casa el pasado 5 de febrero y desde entonces su familia y periodistas de todo el país (en primera fila, valientes colegas de Veracruz), salieron a exigir su búsqueda y presentación con vida.

Lamentablemente ayer fue encontrado su cuerpo en municipio de Las Choapas, junto a otras dos personas más.

Todo indica que la autoridad estatal está siguiendo una línea de investigación que deslinda al gobierno de Javier Duarte de cualquier responsabilidad. Se sigue como móvil una presunta venganza de la propietaria de un bar, quien estaba molesta por una nota que había publicado Gregorio Jiménez, por lo que contrató a sicarios para que secuestraran y dieran muerte al periodista.

La procuraduría de Veracruz no indagará nada sobre la descomposición política e institucional de un gobierno estatal que en los sexenios recientes ha sido responsable, por comisión u omisión, de la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras del poder público; y no dirá nada de cómo el ejercicio periodístico se ha vuelto una profesión de alto riesgo debido a un entramado en el que los poderes político, económico y de la delincuencia organizada se entretejen y deciden qué noticias se pueden publicar y cuáles no. Claro que la procuraduría de Veracruz no seguirá líneas de investigación que sugieran la complicidad de las instituciones de gobierno; no se van a disparar un pie.

Suena irrisorio hablar de democracia y libertad de expresión en un país donde la vida de un periodista se puede cegar por el pinche pago de 20 mil pesos. Pero no es irrisorio, es real y macabro.

Ante la justificada desconfianza sobre el gobierno de Veracruz, hay voces que piden que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la muerte de Gregorio Jiménez, pero de todos modos será inservible, como inservible ha sido el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Da igual, incluso, si hay medidas cautelares de las comisiones de derechos humanos del país o interamericanas; del mismo modo se sigue asesinando a periodistas y defensores de los derechos de los pueblos.

Estamos viviendo una guerra, los periodistas y toda la población, y no tenemos recursos suficientes para defendernos, pero no se puede confiar en la autoridad.

Sabemos que la muerte de Gregorio Jiménez nos hace más vulnerables, más indefensos, pero también en estos días de su búsqueda, se volvieron a tejer redes de solidaridad que pueden y deben ser el refugio a dónde acudir ante amenazas y agresiones, de uno y de todos. Hay que protegernos a nosotros mismos, ¡basta de la muerte de periodistas!

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