Seguramente al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no le dio tiempo de hacer mayores ajustes a la propuesta de presupuesto para el 2017. El recorte de gasto volvió a pegarle al sector salud por enésima ocasión, y viniendo de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social se esperaría que llegara con mucha más sensibilidad sobre las primordiales necesidades sociales. Pero no.

Simplemente a la Secretaría de Salud, la autoridad hacendaria busca retirarle casi 10,400 millones de pesos para el 2017. Según cálculos de Red de Acceso, la asociación que reúne a las principales asociaciones de pacientes, si se aprueba el ajuste, sería de más de 9% respecto del 2016. El hecho es grave, máxime que es recorte sobre anteriores recortes. En el 2016 se le han quitado más de 15,000 millones. Los ajustes presupuestales en el rubro de salud han ido uno tras otro desde el 2014.

Se entiende que las autoridades financieras busquen una política fiscal responsable, pero es injusto e incongruente que en su tijera incluyan al sector salud, sobre todo cuando los costos de atender a mexicanos enfermos se están multiplicando; cuando la carga epidemiológica por males crónico-degenerativos sigue en ascenso y cuando son dolorosamente notorias las carencias en las saturadas clínicas y hospitales públicos del país.

En una etapa de tal astringencia de recursos ha faltado creatividad para encontrar alternativas, aprovechar mejor los recursos y evitar el impacto en la atención a la salud. El director de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), José Campillo, menciona por ejemplo el caso de la red de institutos de salud cuyo personal médico sólo trabaja medio tiempo. A dichos institutos como el de Cancerología, Cardiología, Nutrición, etcétera, se les podrían flexibilizar sus reglas para abrirse a más turnos, ofrecer servicios con cobro a fin de generar sus propios recursos en vez de depender tanto del gasto público. Y así habría infinidad de casos en los que podría trabajar opciones para no depender del cada vez más restringido gasto público.

Además, ¿por qué le recortan a salud si un factor por el que se ha elevado la recaudación es gracias a que hay impuestos especiales aplicados so pretexto de proteger la salud...?

De acuerdo con datos de Funsalud, presidida por el empresario Pablo Escandón, sólo en el 2015 se recaudó por impuestos aplicados bajo el argumento de proteger la salud de los mexicanos más de 118,000 millones de pesos.

La suma de impuestos especiales aplicados en su momento para bajar el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de refrescos le significaron al fisco ingresos en el 2015 por más de 81,000 millones de pesos.

Si le agregamos el IEPS a bebidas energizantes, saborizadas y alimentos altamente calóricos aplicado desde el 2014, se le agregan a la suma otros 37,450 millones de pesos.

Así suman esos 118,000 millones que se destinarán verdaderamente para prevenir y atender la obesidad, diabetes y todo el mal cardiometabólico convertido en epidemia; para contrarrestar el tabaquismo en adolescentes o el creciente alcoholismo en mujeres, ya podríamos vislumbrar otra realidad en términos del bienestar futuro de los mexicanos.

El recorte en salud propuesto para el 2017 recae ante todo en la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud, encabezada por José Narro, lo que implicará el mayor efecto en el Seguro Popular encabezado por Gabriel O’Shea que atiende a los sectores menos favorecidos. Ahora el balón está en manos del Legislativo; veremos si los parlamentarios tienen mayor sensibilidad y mejoran el perfil presupuestario para el sector salud.

Para el IMSS, que dirige Mikel Arriola, e ISSSTE, capitaneado por José Reyes Baeza, no se plantean recortes; por el contrario, se les eleva su dotación de recursos públicos dado el incremento de sus pasivos laborales que son obligaciones irreductibles.