Ni la construcción de México como una marca-país , ni el combate a la pobreza o la recuperación de la rectoría del Estado frente a los monopolios empresariales o sindicales, que afectan a la nación. La seguridad pública –el tema más relevante– es el factor que define el consenso y el rechazo al Ejecutivo federal.

En este sexenio la buena imagen del presidente Enrique Peña Nieto no necesariamente se tradujo en aprobación ciudadana. La seguridad pública, la lucha contra el crimen y el combate al narcotráfico están entre las demandas más sentidas de la población. Son factores determinantes de la opinión pública.

¿Qué construye el legado presidencial, su desempeño como gobernante o sus atributos personales? La narrativa del primer año del sexenio, resumida en la pretensión de mover a México , ha transmutado a un asunto de gobernabilidad, de enfrentar al crimen.

¿Valentía o eficacia? A la luz de la experiencia calderonista, el respaldo al combate al crimen organizado fue sistemáticamente alto (tres cuartas partes de la población) a lo largo del sexenio, pero muchos evaluaron mal su desempeño. Para mayor abundamiento en estos temas en necesario revisar detenidamente la primera edición del Juicio al ciudadano, un e-book escrito por Marcelo Ortega y Roy Campos, de Consulta-Mitosfky (disponible en consulta.mx). En el apartado de seguridad las conclusiones son inapelables: En lo que respecta a la percepción sobre la seguridad en el país, observamos una estabilidad en la percepción negativa en los últimos tres años (2009-2012); con ligeras variaciones, ocho de cada 10 mexicanos sentían que la inseguridad aumentaba, con una ligera mejoría en el último trimestre. Esa estabilidad puede interpretarse como producto de la incredulidad ciudadana a toda comunicación de gobierno, cuando a pesar de preocuparse por dar a conocer capturas o abatimientos de líderes no pudo incidir en la opinión pública sobre este tema .

En lo que va del sexenio las autoridades federales han tratado de ser precisas al momento de difundir información sobre la detención y/o abatimiento de blancos de alto impacto , ya sean El Pantera, El Chapo Guzmán o El Chayo. Bien saben que la credibilidad del gobierno depende de ello.

Desde el sexenio anterior la Oficina de la Presidencia ha invertido muchos millones de pesos para conocer el estado de ánimo de la población, respecto de la gestión gubernamental. El principio de la administración calderonista –en ese sentido– resulta casi idéntico al de la actual administración: el problema que más preocupa a la población es la inseguridad, más que la economía o la falta de acuerdos entre partidos.

El análisis de las encuestas de opinión pública estuvo a cargo de Rafael Giménez en el primer tramo del sexenio anterior, y después de María Fernanda Vergara, quien bajo las órdenes de Alejandra Sota formó un staff y contrató estudios adicionales de otras fuentes , que no eran otros más que los amigos de la vocera presidencial. Entre ellos destacan los despachos Defoe, Experts on Social Reporting, Politáctica y Mercaei.

El cambio de administración dejó fuera a los amigos de Sota. Ahora ese lugar lo ocupan, de acuerdo con la información divulgada por la coordinación de opinión pública encabezada por Rodrigo Gallart: Bufete de Proyectos, Información y Análisis, de Liébano Sáenz; Impetus, de Ian Rider; Gaussc, de Rolando Ocampo, y Olivares-Plata, Consultores.

EFECTOS SECUNDARIOS

PENDIENTES. Entre los asuntos que trataron las comitivas de los presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa en Quito está el expediente del entepreneur ecuatoriano, nacionalizado estadounidense, Fernado Rivera, quien hasta fines del año pasado se ostentó como representante de Alchemy, una firma cuyos directivos son ex integrantes de las Fuerzas Especiales del ejército inglés. Y es que políticos y empresarios mexicanos han acudido a la justicia para denunciar el hackeo de cuentas de correo y smartphones, después de haber sido amenazados por presuntos directivos de la compañía, entre los que también estaría Lee Clarke, quien habría embaucado a algunos, luego de presumir sus nexos familiares con la Casa Real. ¿Será?

RÉPLICA. Hace dos semanas en ese espacio se divulgó información sobre una presunta averiguación previa iniciada por la SEIDO contra los accionistas de Petolof, empresa permisionaria de casinos en el norte del país. Sus abogados han confirmado que acudieron a la delegación de la PGR en la Ciudad de México para demandar a la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam esclarecer la veracidad del acta circunstanciada UEIDORPIFAM/178/2013, supuestamente abierta a solicitud del agente especial de la DEA, Reed Esterak, para investigar los presuntos nexos del empresario regiomontano Sergio Gil García con el crimen organizado. La copia de esa averiguación previa entregada al ministerio público Julieta Érika Zavala Vázquez, titular de la mesa XIX-DDF, es de mala calidad y podría ser apócrifa. El problema es que con ese documento, que refiere a un caso judicial en curso 5:13-MJ0043-PMA, de San Antonio, Texas, quieren suspender las operaciones de esa empresa y su operadora, Urban Publicity.