Un servicio tan complejo en su provisión como lo es la energía eléctrica, no puede bajar su costo ante los usuarios finales si no es mediante alguna de dos opciones existentes; o se generan las condiciones de competitividad en los mercados para que, con libertad los precios se equilibren paulatinamente a la baja, o se interviene de forma directa como estado y se subsidia una parte del costo total. Parlotear sin sentido y falsedad que, por una decisión del estado los costos bajarían, no es más que demagogia en su forma más destilada. Porque las modificaciones propuestas a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, no son una valiente acción restitutiva de la soberanía como se ha querido plantear y pueden a mediano plazo arrojar mayores lesiones que beneficios a la economía nacional.

Tenemos las implicaciones legales por compromisos pactados y contraídos a la luz del derecho internacional. La más grave sería la actividad estatal violatoria del T-MEC, donde previsiblemente la presión por litigios sería avasallante, aunada a la presión política de congresistas norteamericanos quienes propugnarían por medidas equilibrantes como la imposición de duros aranceles. Por otra parte, existe la posibilidad de que, ante la apuesta por la generación de energía en vías de combustión fósil, tenga como consecuencia natural la salida de nuestro país del Acuerdo de París, con todas las consecuencias por descrédito y confiabilidad para la inversión en el ramo.

Estamos ante una reforma que necia y flagrantemente viola todos los acuerdos posibles en materia ambiental y va notoriamente a contra pelo de la tendencia y mandato mundial. Sobraría enumerar a detalle cuáles son los puntos que dejarían a México en una retaguardia penosa. Si están a la vista tal cúmulo de perniciosos daños, la pregunta obligada es ¿cuál es el beneficio reportado al estado de esta gran modificación constitucional? No hay error de cálculo, ya que una acción como la pretendida permite el fortalecimiento de monopolios estatales que se significan en cotos de valor político.

Además de ser este otro manifiesto de creencias anti liberales, sepamos que el control corporativo y la decisión lineal conceden beneficios al evitar la regulación. Tan solo el SUTERM, se ha constituido en una estructura corporativa con capacidades reales de movilización que agrupa coordinaciones en toda la república mexicana. En la lógica de una reforma con favorables prebendas sindicales, el apoyo y apego hacia los fines del gobierno federal se vuelven más sólidos e incondicionales.

Sin embargo, no se exagera al considerar a esta reforma como una de las más controversiales de la historia y con un mayor número de consecuencias negativas en los rubros climático, diplomático, económico y social. Por otra parte, el gobierno federal precisa de ella para sentar la base legal de actuación que hasta ahora ha querido bordear mediante políticas sectoriales, acuerdos o legislación secundaria.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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