En tiempos de astringencia económica, el reforzamiento de la calidad y prontitud con la que se imparte justicia es un aliciente que impacta de manera positiva la recuperación. Cuando la materia sobre la cual versa dicha impartición tiene que ver con asuntos de índole financiero o mercantil, el efecto de lo expedito es mayor.

En nuestro país el grado de litigiosidad en torno a este tipo de asuntos ha ido en incremento a pesar de que las vías de solución alternas han evitado que se dispare de forma exponencial los conflictos jurídicos entre instituciones del sistema financiero y sus usuarios. La Condusef ha sido un para rayos importante, pero de esta Comisión escapa un margen significativo de conflictos que terminan en el campo de acción del poder judicial, es ahí donde el encargado de resolver de fondo los litigios se ve rebasado por la carga de trabajo.

La demora en la administración de justicia es una circunstancia que excede a la responsabilidad de las partes en conflicto, en tal suerte que, a efecto de cumplir con lo contenido en el artículo 17 de la constitución, es procedente un fortalecimiento por especialización que derive en mayor conocimiento a profundidad de los temas a resolver por los jueces, así como un desahogo de expedientes en juzgados atingentes a la materia.

En la reforma financiera del 2014 se planteó una adición al artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto de llevar a cabo la creación de juzgados federales especializados en materia mercantil los cuales estén facultados para conocer de temas concursales y controversias mercantiles, sin embargo, a pesar de los incrementos considerados en los presupuestos, aún no contamos con juzgadores que estén homogéneamente capacitados en materia financiera. Es el caso que, en los presupuestos 2019 y 2020 destinados al Poder Judicial, se establecieron incrementos anuales que rayan los 5,000 millones de pesos adicionales en donde debiesen haber cabido los reforzamientos por especialización, mismos que sin embargo no se han materializado.

El sistema financiero adquiere una especial relevancia cuando el país se encuentra en una etapa de recuperación que implica diversos potenciales conflictos por mora o dilación en el pago por parte de particulares y empresas. En tal contexto, las instituciones del ramo han flexibilizado sus políticas para el arreglo de este tipo de controversias, pero inevitablemente hay un margen de las mismas que llega al conflicto judicial.

Cuando ello ocurre, la especialización en materias de litigio es una solución viable para darle prontitud y certeza a las resoluciones. La remota reforma de 2014 en su motivación primaria pretendía la mejor circulación del crédito para detonar prosperidad y economía. Gran parte de ese círculo virtuoso culmina en mejores condiciones judiciales para los usuarios. El futuro es inevitable, la pregunta es: ¿Estaremos a la altura?

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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