Uno de los principales problemas que aqueja al sistema de impartición de justicia en México es la percepción de corrupción que pesa sobre él en el ámbito federal pero, sobre todo, en el local. A partir de lo anterior, quiero traer a colación que en días pasados el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, ubicado en Monterrey, expidió el Reglamento Administrativo que regula su funcionamiento cotidiano. Al margen de la discusión relativa a si el Tribunal puede expedir normas que reglamenten su propio funcionamiento, vale la pena rescatar de este instrumento la parte relativa a las vistas ex parte, mejor conocidas como alegatos de oreja.

Los alegatos de oreja son una práctica cotidiana que se desarrolla en los tribunales del país, consistente en que las partes se entrevistan en privado y de manera separada con el juzgador que resolverá el diferendo, a fin de exponer de manera verbal las consideraciones que estime pertinentes al caso. Los alegatos de oreja generan muchas suspicacias, pues cada juzgador decide si recibe o no a las partes, si deben o no concurrir ambas y, en general, las circunstancias en que se llevan a cabo estas audiencias. Lo anterior propicia condiciones asimétricas no sólo entre las partes en el caso concreto, sino en general en la impartición de justicia. La principal preocupación alrededor de esta situación es la corrupción y tráfico de influencias que en esos espacios privados pueden acontecer.

El Reglamento instaurado por el Tribunal Colegiado prevé que, cuando alguna de las partes quisiera exponer planteamientos con un caso cuya resolución les competa, se le hará saber la posibilidad de ser escuchado en audiencia pública, información que se hará del conocimiento de las demás partes para que estén en aptitud de presentarse y participar en ella.

Hace algunos años, por iniciativa del ministro José Ramón Cossío Díaz, las principales asociaciones que aglutinan a los abogados de manera colegiada (Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados), en conjunto con algunos integrantes de la Suprema Corte, se reunieron para debatir este tema y buscar soluciones.

Con la ayuda de las barras de abogados a través de despachos con presencia internacional , se obtuvo información relativa a si en otros países se lleva a cabo esta práctica y, en su caso, cómo está regulada. Se obtuvo información de: China, España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Venezuela y Brasil. A continuación, se presentan conclusiones derivadas de este estudio, que pueden ayudar a fortalecer los antecedentes (Puerto Rico, Honduras, Panamá, Guatemala, entre otros) a que aludió el Primer Tribunal Colegiado en Monterrey en la exposición de motivos de su Reglamento.

En todos los países consultados existen las audiencias públicas; sin embargo, en cuanto a audiencias privadas ex parte, de entre los países consultados, sólo se llevan a cabo en Brasil y Venezuela. En Venezuela deben asistir ambas partes; mientras que en Brasil, el juzgador decide si se lleva a cabo o no esta audiencia y no es necesario que concurran ambas partes. En el resto de los países no existe esta práctica.

Especial mención merece el caso de China, ya que las visitas ex parte se pueden llevar a cabo con la asistencia de una sola de las partes, pero la tramitación y el desahogo dependen del tribunal y no del juzgador (aunque éste decide la pertinencia), y personal del tribunal asiste a la audiencia y registra el desarrollo y contenido de la misma, todo ello se incorpora al expediente.

Ante este panorama, y tomando en cuenta que queda pendiente la discusión sobre si los tribunales pueden expedir su propia normativa, me parece que la regulación de las visitas ex parte es una asignatura pendiente que deberá discutirse pronto. Resulta necesaria dicha regulación para evitar estos espacios en los que pueden suscitarse actos de corrupción y opacidad.

@gaboglezsantos