La sociedad entre Telmex y Dish, recientemente confirmada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), constituye un doble incumplimiento de Telmex. Por una parte, viola la condición 1.9 de su título de concesión, que le prohíbe explotar, directa o indirectamente, servicios de televisión al público en el país. Por la otra, Telmex viola el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, mismo que prohíbe al agente económico preponderante (Telmex y Telcel) beneficiarse, directa o indirectamente, de la regla de gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta. Dish, al haber estado retransmitiendo las señales de televisión abierta, sin pagar por ellas, benefició a Telmex en incumplimiento al citado artículo.

Por disposición expresa de la Constitución, esta violación implica la revocación de los títulos de concesión tanto del agente preponderante (Telmex y Telcel) como del concesionario que le sirvió de pantalla para beneficiarse de la regla de gratuidad (Dish).

La revocación es una forma de terminación anticipada de la concesión. Al término de la concesión, y por así establecerlo, el artículo 116 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la prestación de los servicios objeto de la concesión pueden ser adquiridos por el gobierno federal conforme al procedimiento previsto en el artículo 108 de esa misma ley. Aunque se habla del derecho de preferencia del gobierno para adquirir los bienes, esto no debe interpretarse como la potestad de Telmex y Telcel de decidir si venden o no sus activos, sino como la opción que tiene el Estado para adquirirlos. Cabe aclarar que el derecho preferente del gobierno federal para adquirir los bienes con los que se prestaba el servicio concesionado es sólo respecto del orden de preferencia frente a terceros, de manera que si el gobierno federal decide no adquirir las redes de Telmex y Telcel, éstas podrán ser enajenadas a terceros, pero la primera decisión corresponde siempre al gobierno federal.

Ahora bien, respecto del pago que pudiera corresponder por los activos de Telmex, Telcel y Dish, el artículo 108 de la LFTR, aplicable al procedimiento de revocación, establece que en ningún caso se indemnizará cuando entre las causas de motivación se encuentre el incumplimiento de las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión. Si recordamos que los motivos que dan lugar a la revocación son el incumplimiento a la condición 1.9 y al artículo octavo transitorio de la Constitución, es incuestionable que no procede el pago de indemnización alguna en favor de Telmex, Telcel o Dish.

Una vez concluido el proceso de revocación y después de haber adquirido el gobierno federal la infraestructura de Telmex y Telcel, el IFT, conforme al artículo 109 de la LFTR, debe dar aviso al Ejecutivo federal para que éste garantice la continuidad en la prestación de los servicios, para lo cual podrá solicitar que temporalmente uno o varios concesionarios operen las redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, las frecuencias de espectro asociadas.

Por lo anterior, nuestro marco jurídico permite al IFT y al gobierno federal cumplir a cabalidad con lo establecido en la Constitución y sancionar la flagrante violación a la misma cometida por Telmex y Dish, sin que haya afectación para los usuarios o el erario público. Si Telmex y Dish se sintieron por encima de la Constitución dado el enorme poder económico del ingeniero Slim, es momento de saber si el Estado es más fuerte que los individuos, por poderosos que sean. Tanto el presidente Peña Nieto como los comisionados del IFT juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por el bien del país, deben hacerlo. Salvo que el mensaje que quieran mandar a los inversionistas que ya hoy dudan si confiar o no en nuestras instituciones sea que en México la Constitución y la ley son una simple sugerencia, que se puede acatar, o no.