En el marco de la Tercera Conferencia Anual de Mejora Regulatoria se dio a conocer la segunda edición de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de los trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad en México, como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Economía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Llama la atención que desde la edición previa entidades federativas como Baja California, Colima, Chiapas y Sinaloa habían trabajado en la implementación de recomendaciones puntuales para desregular, mejorar y eficientar la regulación en sus respectivas esferas de competencia. Y llama la atención porque por mucho tiempo parecía muy difícil articular esfuerzos a nivel federal que tuviesen una incidencia real a nivel local.

Estos esfuerzos no deben cesar sino que, por el contrario, deben intensificarse. No es un secreto que la regulación a nivel local (estatal o municipal) en este país puede llegar a ser tortuosa y constituir un obstáculo infranqueable a la actividad económica (principalmente en la forma de licencias, permisos y verificaciones). Sí, la mala regulación abre espacios y fomenta la corrupción pero, a veces, ni si quiera se trata de eso.

Se trata, simple y llanamente, de lentitud, burocracia o cargas inútiles que cuestan a la autoridad y a los empresarios. Uno de los peores juegos de política pública habidos y por haber, de ésos que asfixian particularmente al micro y pequeño emprendedor. La agenda de mejora regulatoria, para ser exitosa en este país, debe extenderse a todos los niveles de gobierno y, eventualmente, de la forma que se pueda, erigirse como una verdadera política de Estado.

Reformas estructurales

Decía recientemente el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, que México se encuentra en un momento en el que la prioridad debe ser aprobar las reformas estructurales pendientes. Nada más cierto. Aunque la elección presidencial de este año naturalmente nos hace voltear a las figuras que podrían llenar la silla presidencial a la par de las propuestas que pongan sobre la mesa, no hay que olvidar que mientras no concretemos una serie de cambios constitucionales y legislativos el país no podrá crecer y desarrollarse al ritmo necesario.

Si bien los fundamentos macroeconómicos de México son envidiables frente a los de muchos países desarrollados (en términos de la tasa de crecimiento, inflación, nivel de reservas, déficit fiscal, solvencia del sistema financiero, etcétera), lo cierto es que existen tremendos rezagos a nivel micro.

Los índices de pobreza y desigualdad sólo podrán abatirse generando riqueza y distribuyéndola mejor, por lo que deben favorecerse ajustes de fondo que incrementen la productividad, inversión (pública y privada) y el funcionamiento eficiente y procompetitivo de los mercados (que, entre otras cosas, dejen de provocar la extracción de rentas y concentración de riqueza). Aquí es donde entran en juego las reformas laboral, educativa, energética, fiscal, de telecomunicaciones y competencia en sentido amplio (es decir, de eliminación de barreras a la entrada no justificadas). Asimismo, el entorno institucional (léase reglas sanas y capacidad de aplicarlas) debe fortalecerse en serio y bajo nuevos paradigmas.

México tiene un potencial tremendo. Es una de las economías más grandes del orbe y además cuenta con un bono demográfico vigente por un buen rato (o sea, poca gente que depende de la Población Económicamente Activa). Sin las reformas, el país será como un vehículo de gran motor pero sin las llantas que permitan pisar el acelerador.

Telecomunicaciones

La OCDE dará a conocer próximamente los resultados del estudio y revisión de la política de telecomunicaciones en México, mismo que había sido solicitado por la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones. No será la primera vez que el organismo se pronuncia sobre esta materia y emita recomendaciones específicas. Sin embargo, nunca dejará de ser momento propicio para indicar lo que debe o podría hacerse en un sector tan dinámico y cambiante que, en el caso mexicano, presenta además una estructura económica e institucional sumamente anómala y disfuncional, que provoca rezagos en casi todos los rubros, afectando al consumidor así como al entorno competitivo. En un sector donde casi todos tienen intereses y en el cual las discusiones suelen tomar sesgos importantes, ayuda que sea la OCDE, con la experiencia y prestigio que la caracterizan, quien ponga sobre la mesa un análisis objetivo basado en las mejores prácticas internacionales. Habrá que estar atentos a los resultados.