Generar una estrategia sólida para combatir la corrupción es una urgencia que sólo le preocupa a la ciudadanía; para los legisladores y el gobierno federal el tema es intramuscular.

Miles de ciudadanos apoyaron la Ley 3de3. De acuerdo con las cifras de sus promotores, reunieron la friolera de 300,000 firmas en un tiempo récord; dichos datos reflejan la atención ciudadana por los problemas asociados con la corrupción.

Por su parte, los legisladores con paso lento e inseguro realizan consultas públicas para elaborar el dictamen de los diferentes ordenamientos que regularán el decreto constitucional que pondrá en marcha el sistema anticorrupción.

El proceso de elaboración de la ley se enmarca en un clima de emergencia ciudadana por el tema, crispación social, crisis de los partidos e inoperancia del gobierno federal, que arrastra a los gobiernos estatales y municipales.

La democracia mexicana se encuentra sujeta a revisión, los ciudadanos no estamos conformes con los resultados de esta generación de políticos. Las instituciones mexicanas se encuentran en ese momento límite, el cual puede profundizar el deterioro ¿más? o convertirse en una oportunidad para sistematizar el cúmulo de errores y producir la inteligencia necesaria para refuncionalizar desde el espacio ciudadano al sistema político.

La corrupción en todas sus formas, visible o invisible, pasiva o activa, es un tema que nos interesa a todos, puesto que se ha convertido en un lastre para el desarrollo económico y un atentado en contra de la convivencia social.

Un cúmulo de noticias sobre moches y desmoches que involucran a funcionarios corruptos, Duartes, Moreiras y agentes corruptores, inundan las páginas de los diarios nacionales y las redes sociales. El torbellino corruptor crece día a día y se presenta como un apocalipsis que sólo puede ser resuelto por los dioses del Olimpo.

México se ubicó en el 2015 en el lugar 95 del Índice de Percepción de la Corrupción, empatado con países como Armenia, Filipinas y Mali.

En los próximos meses, tendremos la oportunidad para romper el círculo pernicioso de la corrupción con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante un esquema que incluye el conflicto de intereses, impone mayores sanciones a los funcionarios corruptos y sanciona a los particulares que se involucren en actos de corrupción. Un esquema sencillo, que bien podría ser funcional, vale la pena apostar por ello, ¿no lo cree, querido lector?

Twitter: @Erosales