En la renegociación del TLCAN el gobierno de Estados Unidos enumera entre sus objetivos la revisión de contrataciones públicas y ha planteado la exclusión de sus dos socios en las compras del gobierno norteamericano. Trump contempla incrementar las oportunidades para las empresas de su país, en otras palabras expresa la intención de llevar a cabo políticas que den preferencia a la adquisición de productos estadounidenses en las compras gubernamentales que efectúen México, Estados Unidos y Canadá, una idea bastante ventajosa.

Actualmente los integrantes del tratado deben considerar ofertas de los tres miembros, además de otorgar un trato no menos favorable al que brindan a sus propios bienes y proveedores. La exclusión de nuestro país y de Canadá en las compras que hacen sus gobiernos estatales y locales es un plan que resultaría perjudicial para todos, de modo que con una disolución del capítulo X del TLCAN no sólo las empresas mexicanas y canadienses perderían mercado, sino también las norteamericanas.

Y hablando de contrataciones, es importante destacar que las compras gubernamentales y la contratación de obra pública en nuestro país requieren también de un exhaustivo análisis. Me uno al urgente llamado de reformar la Ley de Obras Públicas y la de Adquisiciones, tomando en cuenta que no existe una ley general aplicable a todo el país y por lo tanto necesita mayor regulación desde lo local, una medida que empataría perfectamente en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Justamente en ese sentido, diferentes asociaciones, organismos, partidos políticos y en general los ciudadanos de nuestro país han exigido que se den respuestas a toda la situación que rodea el tema del Paso Exprés en Morelos. No es un caso menor, en el que lamentablemente dos personas perdieron la vida. Ante este hecho, la respuesta que han mostrado nuestras autoridades da muestra de responsabilidad, pero no puede quedarse en eso. Hacer las investigaciones pertinentes de todos los involucrados y señalar con total transparencia a los responsables es el primer paso; el siguiente es evitar que esto suceda de nuevo, y para ello, plantear un nuevo mecanismo de contrataciones, responsabilidades y vigilancia es imperativo.

La red carretera federal es de más de 49,000 kilómetros y lamentablemente suceden accidentes automovilísticos a diario. En el 2015 se registraron más de 16,000 colisiones, 16% de ellas se dieron por causas del camino, y el costo económico de estos percances representa 0.3% del PIB nacional. El hecho de que las condiciones en las carreteras pueda costar una sola vida es motivo ya suficiente para hacer las auditorías integrales que propone el secretario Ruiz Esparza y así evitar que sigan existiendo riesgos de pérdidas humanas. Cumplir con los más altos estándares de actuación por parte de los servidores públicos, como se ha señalado, no es un extra que puedan dar en cumplimiento de sus labores, es una obligación hacia la ciudadanía que de no cumplirse puede tener consecuencias tan críticas como la que se vio en los recientes días.

De ahí que el exhorto a través de mi pluma sea que tanto para contrataciones internacionales, derivadas de los acuerdos del TLCAN, como para las nacionales, ya sea de productos y servicios así como de obra pública, se replantee una nueva ley de adquisiciones y de contrataciones acorde a las legítimas demandas ciudadanas, y de aplicación general en los tres ámbitos de gobierno, sólo así se podrá construir un Estado más eficaz y responsable. ¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC.