No se trata de cerrar el crédito a las entidades.

Si no fuera por la conocida bipolaridad que ataca a la llamada izquierda mexicana, sonaría a burla que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promueva una especie de Fobaproa para rescatar a los estados y municipios de sus abultadas deudas.

Tampoco sirve la cacería de brujas que propone la Senadora hermana del futuro expresidente Calderón porque, si algo hicieron muy bien los gobernadores al momento de ser irresponsables con las cuentas, eso fue tapar bien cualquier indicio que los pudiera involucrar.

Lo que sí es urgente es poner reglas y límites a las facultades de endeudamiento de los estados y municipios.

El modus operandi es muy sencillo: los gobernadores, ubicados en la calidad de caciques, tienen control total de los congresos locales que, en el organigrama de la legalidad, son los encargados de autorizar los pedimentos de deuda del Poder Ejecutivo.

Si el legislador le debe el puesto al Gobernador, si le tiene miedo al Mandatario estatal, si cree que su futuro político depende del buen humor del titular del Ejecutivo local, no harán otra cosa más que lo que quiera ese Poder.

Del otro lado, los que otorgan los créditos -también, de forma irresponsable- saben que un estado de la República Mexicana no puede quebrar. Tienen la claridad de que, si en algún momento no le alcanza a un Gobernador para sus gastos, ahí está la Federación para su rescate.

Durante el priato del siglo pasado, los gobiernos estatales tenían que conseguir el beneplácito presidencial para obtener recursos. Habitualmente, los estados de origen de los presidentes se veían altamente beneficiados, ahí está la Colima de De la Madrid o el Agua Leguas de Salinas.

La pérdida del poder presidencial por parte del PRI implicó una balcanización política en la cual los gobernadores tricolores se atrincheraron en sus entidades y los legisladores les dieron armas de autonomía que, a la larga, no supieron utilizar en su gran mayoría.

Son muchos los casos de estados que están en una quiebra técnica pero dos son emblemáticos: Coahuila, con la conocida irresponsabilidad e impunidad de Humberto Moreira, y Michoacán, donde Leonel Godoy se encargó de devastar las finanzas locales, al grado que el Gobernador actual no cree que le alcance el dinero ni para lo básico en un futuro cercano.

Ahora, desde el PRD, los mismos que se quejaron del uso de recursos públicos para el rescate de los clientes de la banca proponen que todos los contribuyentes del país saquen dinero de sus bolsas para tapar los errores de los gobiernos de algunos estados del país.

Los habitantes de Sonora, Oaxaca, Tamaulipas y demás tienen que aceptar que una parte de sus ingresos se vaya a corregir los excesos de Humberto Moreira, quien se sintió virrey de Coahuila, o de Leonel Godoy, quien devastó las finanzas michoacanas.

Es la fecha en que seguimos pagando las consecuencias del rescate bancario de los 90 y no parece que haya margen ni económico ni político ni social para otro rescate masivo.

Muchos estados se gastaron en menos de un sexenio lo que sus habitantes habrán de pagar en generaciones. Eso es cierto. Pero lo tendrán que pagar. Si alguna entidad optara por la suspensión de pagos, las consecuencias serían terribles.

Pueden hacer lo que hizo el gobierno actual de la ciudad de México, ante el abultado endeudamiento que dejó Andrés Manuel López Obrador, se optó por reestructurar la deuda y dar margen para seguir pidiendo dinero.

No se trata de cerrar la llave crediticia a los estados. Justamente, el Distrito Federal es un buen ejemplo -con la Línea 12 del Metro- de la necesidad de financiamiento en una ciudad que genera un flujo de recursos suficientes para considerar como sano ese endeudamiento.

Y ésta es la clave, los préstamos deben estar etiquetados para la construcción de infraestructura y deben tener un respaldo lógico en la calidad financiera del solicitante.

Y, aquí, también valdría la pena meter en cintura a los bancos otorgantes porque, con la certeza de que al final el gobierno federal les responderá para no desatar una crisis económica de grandes magnitudes, entonces, prestan sin muchos controles.

Pero son muchas entidades las que han violado los principios básicos de equilibrio y prudencia de las finanzas. Y lo pueden hacer por el poder político que tienen estados y municipios.

Toca al Congreso acotar la impunidad financiera de la que gozan, no sus libertades y atribuciones. Pero, sin la posibilidad de que situaciones como el moreirazo acabe en un Fobaproa.

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