Para el gobierno la reforma al campo no sólo son un paquete de cambios a las leyes que rigen al sector, sino una serie de medidas de políticas públicas que incluso ya han iniciado, como la nueva circunstancia de la banca una vez aprobada la reforma financiera; ajustes hechos al Proagro Productivo; el reinicio de producción de fertilizantes nitrogenados y la tecnificación del campo, entre otras

La reforma al campo es uno de los dos paquetes de modificaciones legislativas que impulsará como prioridad este año el presidente Enrique Peña Nieto. La otra es la de los servicios de salud.

De acuerdo con el subsecretario de Agricultura, el sinaloense, Jesús Alberto Aguilar Padilla, el objetivo es lograr la soberanía alimentaria, elevar la productividad del campo y hacerlo más justo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), un país logra su soberanía alimentaria cuando produce al menos 75% de los alimentos que consume, mientras que cuando se habla de seguridad alimentaria es cuando un país puede adquirir sus alimentos, ya sea en su propio mercado o en el extranjero.

México produce entre 57 y 60% de los alimentos que consume su población y la idea del gobierno es que, con la reforma al campo, se logre la soberanía alimentaria, aunque habrá alimentos como el arroz, del cual sólo se producimos 15% y no se aspira a que aquí se coseche todo lo que nos comemos simplemente porque para producirlo se requiere mucha agua y no tenemos en abundancia, por lo que sólo se cultiva en Nayarit, Veracruz, Morelos y Tabasco.

La reforma que se cocina tanto en los escritorios de la Sagarpa, como de la Sedatu y la oficina de la Presidencia, pondrá el acento en el sector de la agricultura mexicana más pobre, que es una uno de los dos tipos en que está estructurada la producción del sector rural en el país.

Sí. En México hay dos tipos de agricultura. Por un lado la tecnificada, moderna, altamente productiva comercial (buena parte de exportación) y que se encuentra prácticamente en toda de la región de El Bajío hacia el norte y la otra, que se encuentra de la zona de El Bajío hacia el sur-sureste y se caracteriza por ser de autoconsumo y de temporal y no productiva.

Esto tiene que ver también con el tipo de producción, en función de si se hace a pequeña escala y gran escala. En México, 74% de los productores tienen menos de cinco hectáreas, 25% entre cinco y 19 y sólo 6% más de 20 hectáreas. Estos últimos, desde luego, son los más productivos.

Por otra parte, de los 22.5 millones de hectáreas que se cultivan a lo largo del territorio nacional, 7.5, son de riego y no todas están altamente tecnificadas.

Esos datos quieren decir que hay dos campos mexicanos y por lo tanto requieren de políticas públicas diferenciadas.

El gobierno aún no define la estrategia para cumplir con el proceso legislativo e incluso, nos dice el subsecretario Aguilar Padilla, no necesariamente se va a presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia en febrero y termina en abril, aunque sí se espera que este año quede aprobada.

Algo que debe tomarse en cuenta es que para el gobierno la reforma al campo no sólo son un paquete de cambios a las leyes que rigen al sector, sino una serie de medidas de políticas públicas que incluso ya han iniciado, como la nueva circunstancia de la banca que con la reforma financiera recientemente aprobada se espera atienda de mejor manera a los campesinos; algunos ajustes hechos al Proagro Productivo; la producción de fertilizantes nitrogenados que se espera que Pemex y empresas privadas vuelvan a comenzar a producir en los próximos meses y la tecnificación del campo, entre otras.

Por lo pronto habrá que esperar a ver cómo están planteadas las reformas particularmente a la Ley de Desarrollo Rural y la de Asociaciones Agrícolas, que son algunas de las que estarán en revisión.