A 200 años de haberse iniciado la guerra de independencia, México requiere una nueva revolución. Con esto no me refiero a un evento similar al que sucedió en 1910, cuando después de haber derrocado a Porfirio Díaz (cuyos restos, a propósito, deberían estar enterrados aquí y no en París) y del asesinato de Madero, México sufrió una guerra civil que terminó cambiado solamente la oligarquía en el poder (la porfirista por la priísta), sin que en realidad el pueblo hubiese obtenido ganancias significativas.

Cuando me refiero a que México necesita de una nueva revolución, de lo que hablo es de un profundo cambio en el arreglo institucional, en el que los diferentes agentes económicos nos desenvolvemos. Uno que signifique renovar desde lo profundo los cimientos de nuestro país, uno que efectivamente empodere a los individuos, otorgándoles la libertad para elegir qué es lo que más les conviene, tanto en el aspecto político como en el económico. Esto implica destrozar los poderes fácticos que se han apropiado de las instituciones del Estado mexicano y que mantienen secuestrada a la población.

En lo político, es claro que el sistema democrático vigente, para efectos prácticos, sólo ha significado que la población del país tenga la libertad para elegir a sus gobernantes a través del voto, pero el país está secuestrado por una partidocracia que sólo busca maximizar su propio bienestar y que en el proceso, mantienen encadenado al país a un marco institucional que inhibe el progreso económico.

México requiere ir mucho más allá; se requiere un sistema político en donde el poder lo tenga efectivamente la gente, uno en donde los gobernantes, desde el Presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasando por los gobernadores y los legisladores federales y estatales, efectivamente rindan cuentas por sus actos. La reelección inmediata así como las candidaturas independientes son, en consecuencia, indispensables.

En lo económico, los individuos seguimos sin ser efectivamente libres para elegir cómo queremos asignar los recursos escasos de nuestra propiedad; la libertad económica está acotada por significativas prácticas monopólicas; los agentes económicos estamos secuestrados por una burocracia que, en la búsqueda y apropiación de rentas, utiliza el poder discrecional sobre la administración del marco regulatorio para extorsionar a los individuos, expropiándoles una parte de su ingreso, así como a las empresas privadas, expropiándoles también una parte de las utilidades que generan los proyectos de inversión.

Los agentes económicos privados nos enfrentamos a un poder judicial ineficiente y corrupto en el país, que no garantiza el cumplimiento de los contratos. Una parte significativa de la fuerza laboral nacional no puede elegir de manera completamente libre dónde y cuánto trabajar por la existencia de sindicatos, que impiden el ejercicio pleno de ese derecho. Los padres de familia no son libres para elegir la escuela para sus hijos, porque el sistema educativo está secuestrado por el sindicato. Y más, muchos más ejemplos de un sistema diseñado para la apropiación de rentas y no para la generación de riqueza con el pleno ejercicio de la libertad.

México requiere de una revolución que efectivamente dote a los individuos de la plena libertad económica, que signifique igualdad de oportunidades en mercados competitivos. Con todo lo anterior, en el 2110, nuestros descendientes podrán efectivamente festejar que México pudo, finalmente, después de 300 años, alcanzar altos niveles de progreso económico.

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