La regulación sobre la subcontratación laboral se encuentra actualmente en medio de un debate en el Poder Legislativo. Aunque en la Ley Federal del Trabajo vigente ya está contemplada dicha regulación, en esta legislatura se han presentado diversas iniciativas con propuestas que no generan certeza jurídica ni a trabajadores ni a empleadores. Es importante que el resultado del ejercicio de Parlamento abierto que se llevará acabo esta semana en el Senado de la República sea una reforma que impulse la creación de empleos, revitalice la economía y elimine cualquier mala práctica que afecte a los trabajadores.

Por este motivo, es primordial que el debate tenga como eje principal a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dado que constituyen más de 80% de las empresas que sustentan el desarrollo económico de nuestro país, así como la principal fuente de ingresos para la mayoría de los mexicanos. Cerca de 1.5 millones de mipymes utilizan la subcontratación porque es una herramienta vital para su sobrevivencia debido a que no cuentan con un departamento de recursos humanos para reclutar, capacitar y gestionar todos los trámites legales que proporcionen a sus empleados de la protección social que el Estado mexicano provee. Ello les permite reducir sus costos administrativos.

En este sentido, la subcontratación requiere un marco legal claro para que las pequeñas empresas puedan contratar sin dificultades a jóvenes, madres solteras y personas con discapacidad, quienes son los sectores más vulnerables de la sociedad y que han encontrado en este ejercicio una fuente de trabajo digno. Tal certeza jurídica permite a las pequeñas empresas generar empleos formales y con ello reducir la informalidad. Asimismo, los trabajadores requieren tener certeza sobre sus derechos laborales que los incentive a ser más productivos y, a su vez, que la tasa de rotación del personal disminuya.

Cabe señalar que, en las mipymes, trabajan bajo algún esquema de subcontratación 2.5 millones de personas, lo que representa 53.9% de las personas subcontratadas, de acuerdo con los resultados oportunos del Censo Económico 2019 del Inegi. Como se mencionó, éstas han servido como una fuente de trabajo para mujeres y jóvenes.

Por un lado, cuatro de cada 10 personas que trabajan en la subcontratación son mujeres, de la cuales casi 1 millón son madres solteras. Este sector encuentra en dicho esquema horarios flexibles para no descuidar la educación de sus hijos o el cuidado de adultos mayores que forman parte de todas las familias mexicanas, por lo que las mujeres son pieza clave de la integración familiar.

Por otro lado, los jóvenes de entre 15 y 29 años constituyen 26% del personal subcontratado, lo que equivale a 1.6 millones. La subcontratación permite a los jóvenes incorporarse en el mercado de trabajo y así obtener experiencia al potenciar sus habilidades gracias a la capacitación que ofrece constantemente este esquema. Los jóvenes son un sector vulnerable, pues cada año se integran 1.2 millones al mercado laboral que poco a poco los ha dejado sin oportunidades.

Es evidente que estos establecimientos necesitan certeza jurídica que les permita seguir aumentando su productividad, ya que ésta se incrementa gracias a los trabajadores especializados que proporcionan las empresas responsables y profesionales de subcontratación. Dicha productividad es medida por el Inegi, misma que establece que los estados que han tenido mayores tasas de crecimiento en productividad laboral son Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla y Coahuila.

Como ya se mencionó, las mipymes son fundamentales para la economía mexicana y al mismo tiempo son las más vulnerables, pues no cuentan con los recursos humanos, materiales ni financieros para sobrevivir en el competitivo mercado mexicano. Si a esto le adicionamos un cambio a las reglas legales de una actividad indispensable para su sobrevivencia como lo es la subcontratación, estaríamos hablando de condenar a las empresas a la desaparición total y a una ruptura de la estructura social.

*La autora es directora de Asuntos Públicos de TallentiaMX.