La semana pasada, el presidente López Obrador se aventó la siguiente joya retórica: “A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos”. ¿Será?

Una persona de mi aprecio intelectual me ha reclamado mi supuesta obsesión por criticar las acciones económicas del autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación y las declaraciones del presidente López Obrador en esta materia. Mi respuesta reiterada es que no hay tal obsesión y menos consigna. Son las medidas económicas de la administración y los pronunciamientos sobre el tema del mandatario los que obligan inexorablemente en ese sentido al análisis crítico.

Apenas la semana pasada, el presidente López Obrador se aventó la siguiente joya retórica: “A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos... Porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas”. La declaración sólo puede ser motivo de preocupación por la miopía que revela, por la insuficiente información, por la parcialidad. En contrario de López Obrador, con muy buen juicio el expresidente Ruiz Cortines explicó alguna vez: “Nada es estrictamente privado; todo es público”. Y tenía razón el veracruzano, ya que al ser los funcionarios servidores públicos su ámbito de acción y de preocupaciones debe ser el país como un todo, no únicamente el sector gubernamental.

En ese orden de ideas aunque con una visión más amplia, López Obrador debe actuar como presidente de la totalidad de los mexicanos, no únicamente de los que votaron por su proyecto o de los que simpatizan con su causa. El sector privado no sólo son las corporaciones, los bancos y las grandes empresas. También lo son, y en su gran mayoría, los pequeños negocios familiares que son los que generan en su mayor parte los empleos de los que derivan los mexicanos su sustento diario. Pero hay un argumento todavía de mayor peso para descalificar la citada declaración antiempresarial del presidente López Obrador: los negocios públicos, a los que él y su administración deben alegadamente “dar toda su atención”, dependen en muy buena medida de la iniciativa privada y de la sociedad civil en general. Esto último, en razón de que el financiamiento de los deficientes de operación, que son endémicos en los negocios públicos, se paga con los impuestos que el gobierno recauda de las empresas y del resto de los causantes que no somos gobierno. Y de manera particular, sin la colaboración de sus proveedores privados, Petróleos Mexicanos tendría pronto que suspender operaciones por falta de equipos y repuestos.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico