El día de ayer 1 de febrero, inició el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 64 legislatura federal, el último para la Cámara de Diputados. Tendrá una duración de tres meses, a los que seguirá un largo receso, previo a su disolución el 31 de agosto. Durante este receso, se celebrarán las elecciones para renovar los 500 diputados que integran la cámara baja.

Usualmente, el último periodo de sesiones ha sido un tiempo muerto en términos legislativos. Cuando cae a la mitad del sexenio, como ahora, los diputados se encuentran haciendo las maletas, si es que no se han ido ya en busca de otros cargos en sus estados o en el gobierno federal. Cuando cae al final del sexenio, el éxodo político incluye a los senadores. Las cámaras operan de forma rutinaria, con una agenda legislativa mínima.

Sin embargo, la actual legislatura parece encaminarse hacia un final turbulento. Tiene ante sí dos enormes “papas calientes”: los cambios a la Ley del Banco de México, para hacer que esta institución adquiera los dólares en efectivo que no pueden repatriarse, y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con el fin de prohibir y penalizar el outsourcing, también conocido como subcontratación o terciarización.

La primera iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados en calidad de minuta del Senado. Avanzó rápidamente en la cámara alta impulsada por su principal promotor, el senador Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena. La segunda iniciativa ya tiene la firma del propio presidente de la República, aunque su presentación formal en la Cámara de Diputados se pospuso hasta el último periodo ordinario de la actual legislatura.

Ambas iniciativas conllevan grandes riesgos. De materializarse, podrían condenar a la economía mexicana a un sexenio perdido en materia de empleo y crecimiento económico. La iniciativa del senador Monreal atenta contra la autonomía del Banco de México y abre las puertas para el ingreso del dinero sucio a sus reservas. Su aprobación daría un golpe irreversible a la confianza de los inversionistas y al valor del peso mexicano.

La iniciativa contra el outsourcing afecta a uno de cada cinco empleos formales en México. El presidente López Obrador la ha justificado como una forma de “poner orden” en el mercado laboral. Parece estar convencido que los 4.7 millones de trabajadores bajo la modalidad de outsourcing serán recontratados bajo el nuevo orden que busca establecer. Asimismo, cree que el incremento en el costo de la mano de obra y la rigidez adicional en el mercado laboral poco o nada afectarán la competitividad del sector exportador, aquel del cual depende la economía mexicana para salir del hoyo profundo en el que se encuentra.

Hay una gran asimetría entre el riesgo que corre la economía mexicana, particularmente los trabajadores que podrían perder sus empleos por la prohibición del outsourcing o aquellos que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, y la situación de los legisladores. Estos últimos pueden trasladar grandes riesgos a otros desde la comodidad de sus curules. Como diría Nassim N. Taleb, los diputados y senadores de Morena no se “juegan la piel” en esta apuesta. El resultado no les afecta.

El único que arriesga algo con estos cambios es el presidente López Obrador. Se juega su lugar en la historia y el legado de su gobierno. Del otro lado están millones de mexicanos que enfrentan el riesgo de sufrir una pérdida en su nivel de bienestar que tardarían muchos años en recuperar. Hay pocos incentivos para la moderación, ojalá funcionen.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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