A escasos días de haberse cumplido los primeros cinco años de la celebración y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, destaca el paradigma de política pública que ha emprendido el gobierno mexicano para incrementar el bienestar social.

Uno de los pilares de su administración, y que ha plasmado en el propio Plan Nacional de Desarrollo, es erradicar la corrupción y emprender un nuevo sistema económico del bienestar que fomente la creación de empleos y fortalezca el mercado interno. Sin embargo, a la luz de las acciones y las aspiraciones políticas aún existe una amplia brecha a reducir.

El convenio celebrado entre el INSABI y la UNOPS para adquirir medicamentos en el extranjero, junto con los acuerdos y modificaciones legales que lo acompañan, representa una inconsistencia más entre las aspiraciones del gobierno federal y los mecanismos con los que pretende lograr aquellos.

Por un lado, el gobierno de la cuarta transformación indica que fortalecerá el mercado interno mediante un nuevo sistema económico; procurando en todo momento la aplicación congruente del estado de derecho, sin simulaciones de constitucionalidad.

Por otro lado, el convenio en mención y sus acompañantes legales, no han constituido más que barreras económicas y legales para el mercado interno de medicamentos e insumos médicos, poniendo en grave riesgo la salud general, la inversión nacional y el empleo de decenas de miles de mexicanos.

De hecho, recientemente el director regional adjunto para Latinoamérica y el Caribe de la UNOPS, Giuseppe Mancinelli, expresó al respecto de los beneficios derivados de este convenio resaltando la importancia de la competencia abierta y la de generar un marco de actuación universal, para llegar a una relación óptima de costo-calidad en la adquisición de medicamentos.

Para que un mercado funcione y provea del mayor bienestar social, debe existir un marco de aplicación universal que permita a todas las partes competir en igualdad de condiciones. No obstante, en el caso mexicano, las nuevas regulaciones creadas en favor de la industria farmacéutica internacional, han distorsionado en efecto ese marco legal y económico de competencia, deviniendo en un marco de aplicación unilateral.

Como bien lo indica el director regional de la UNOPS, cuando existe certeza en los mercados, cada uno de los actores buscará competir y ofrecer la mejor cantidad,

calidad y precio de sus productos. Sin embargo, cuando estas condiciones de certeza son inexistentes o discrecionales, se producen externalidades negativas al consumo, que en ocasiones pueden conllevar consecuencias importantes.

Una de las externalidades que, como ciudadana y usuaria de los servicios de salud, me resulta más preocupante, es la calidad de los medicamentos e insumos médicos que ingresen al país, resultado de la aplicación del convenio de la UNOPS y los acuerdos en la materia.

A falta de una evaluación seria, independiente y tomando en consideración las variables que caracterizan a la población mexicana, los insumos provenientes del extranjero que no cuenten con estos elementos de calidad comprobada fehacientemente, podrán causar daños irreversibles a los usuarios del sistema nacional de salud.

Otra externalidad negativa que podría ocurrir, encuentra lugar en las excepciones que otorga ya nuestro marco legal a las compras de medicamentos que se obtengan del extranjero; no aseguran, como indica nuestro mandatario, la erradicación de la corrupción. De hecho, al no existir una serie de controles, mecanismos de revisión y auditoría, como los aplicados a los productos nacionales, se podrían constituir actos de corrupción en detrimento del erario y la población mexicana.

Como ciudadana, usuaria de los servicios de salud y promotora de la industria mexicana, lo único que propongo en este escrito es la correcta promoción de condiciones legales que aseguren un piso parejo para todas las partes, medicamentos e insumos médicos de calidad, así como el respeto a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, tal como lo mandatan los artículos 4, 28 y 134 constitucional.

La autora es directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).