Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “consultar” se refiere al proceso por el que se “examina o se trata un asunto con una o varias personas”. En México, la consulta ha sido una valiosa herramienta para todos los que nos desempeñamos en la política, ya que a través de ella podemos escuchar las necesidades más apremiantes de nuestros representados, trabajar a favor de ellos y ser su voz cuando otros pretenden silenciarla. Pero bajo la actual Administración, este mecanismo de gestión se ha desvirtuado, transformándose en un instrumento de manipulación disfrazado de justica que, a todas luces, pretende socavar las instituciones del país.

El 1º de agosto los mexicanos estaremos convocados a una consulta popular para decidir si se debe o no hacer valer la ley cuando se trata de sancionar decisiones tomadas por actores políticos en el pasado. Sin embargo, aplicar la ley no puede ser algo sometido a consulta, aplicar la ley es una obligación cuando existen pruebas que denoten un delito. En cambio, la “consulta para expresidentes”, como se le ha llegado a conocer, es todo menos eso, ya que en el centro yace una pregunta diseñada para confundir a la población, llena de tintes políticos y construida a partir de la ilegalidad.

Recordemos además que el proceso por el cuál se aprobaron los términos de esta consulta estuvo repleto de irregularidades. Empezando por la controversial decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de determinar que la propuesta era constitucional, pese a que atentaba contra la presunción de inocencia y violaba los derechos humanos establecidos como una prohibición expresa en el 35 de nuestra Carta Magna. Es decir, esta consulta sentaría un precedente muy lamentable de destrucción de nuestra Constitución, pues bastaría tan sólo una pequeña porción de diputados y senadores para usar este mecanismo con tendencias políticas desvirtuadas.

Además, no sobra decir que esto nos costará a los mexicanos más de 500 millones de pesos, recursos que no tenemos y que, de tenerlos, deberíamos estar utilizando para la atención de la aún presente pandemia y el incipiente proceso de recuperación económica. El propio Instituto Nacional Electoral, el que se encargará de la conducción de este proceso, lo dijo después de que Morena decidió recortarle el presupuesto para 2021 en más de 870 millones de pesos. Es claro que el gobierno en turno sólo busca disminuir las facultades y la capacidad de nuestro árbitro electoral para conducir ejercicios transparentes y apegados a la ley, y esta consulta amañada es prueba de ello.

Aquí no que queda más que recordar las palabras que mi amiga, la Senadora Beatriz Paredes, utilizó al referirse a este proceso: “Con un presidencialismo exacerbado, con una estrategia de democracia plebiscitaria, con un Poder Legislativo subsumido por la actuación vertical de mayorías —que, aunque legítimas electoralmente, en un régimen democrático deben conciliar con las minorías— y con una Corte debilitada, en este país estamos tocando fondo”.Hoy estamos tocando fondo, con esta consulta se destruye un derecho fundamental de nuestra democracia, y además se socava la esperanza de millones de mexicanos para confiar en un gobierno de instituciones fuertes y justas. Esta decisión, producto del capricho y el rencor del que gobierna en Palacio Nacional, es un socavón aún más profundo del México endeble que ha perdido su rumbo.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

Lee más de este autor