El efecto acumulativo de rigurosas regulaciones en trámites gubernamentales tiene un impacto directo en el nivel de competitividad que presenta un determinado país a nivel internacional. Sin duda, esta problemática se ha presentado como un obstáculo para muchas naciones, incluyendo México. Reconozco que nuestro país ha logrado grandes avances en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como en la construcción de instituciones eficaces; por ello, toma aún más relevancia la correcta y puntual implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria aprobado por el Congreso apenas en mayo de este año.

Desde el 2009, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) ha conducido ejercicios para medir el costo económico que representan los trámites y servicios del gobierno federal como proporción del PIB. Dichos estudios demostraron que, al inicio de la presente administración, el costo económico total de los trámites y servicios federales representaba aproximadamente 4.3% del PIB nacional. Sin embargo, como resultado de las acciones implementadas, por ejemplo, el acuerdo 2x1 en materia regulatoria, el cual obliga a las dependencias federales a eliminar dos trámites por cada nueva regulación que se proponga, se logró reducir el costo de la regulación federal en tan sólo 18 meses en más de 265,000 millones de pesos y hoy los costos representan 2.5% del PIB nacional.

Distintas organizaciones internacionales han denotado el importante papel que ha jugado México en los avances de mejora regulatoria. Según la OCDE, de los 39 países que han mostrado un avance significativo en materia de mejora regulatoria, México se ha destacado por ser uno de los líderes del grupo en la correcta implementación de ciertas herramientas como la consulta pública y la aplicación de análisis de impacto regulatorio. Adicionalmente, instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han reconocido nuestras prácticas y programas como los mejores del mundo.

Con la presentación de estas cifras, nos queda claro que México ha tenido grandes avances en cuestiones de mejora regulatoria; sin embargo, ciertos estados siguen estando por debajo del promedio en la implementación de medidas que aportan a esta causa. Según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, el avance promedio en la implementación de la política de mejora regulatoria a nivel nacional es de 35.3%; Morelos, Nuevo León y Aguascalientes se encuentran por encima de este promedio y son reconocidos como los estados donde más acciones han sido implementadas, pero aún existen 14 entidades federativas que se encuentran por debajo del promedio, tales como la Ciudad de México, Tabasco y Nayarit, entre otras.

Es innegable que nuestro país ha progresado en la lucha para abatir su rezago regulatorio, pero por lo mismo no podemos bajar el paso. Recientemente, tuve el honor de ser designada como secretaria de las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, así como la de Economía Social y Fomento del Cooperativismo en la Cámara de Diputados, lo que estoy segura que me ayudará a impulsar las metas que deben ser alcanzadas para perfeccionar el marco regulatorio de nuestro país. Dado que ambas comisiones abordan la mejora regulatoria como uno de sus temas primordiales, considero que es mi responsabilidad, junto con todos los que formamos parte en esta función, indistintamente de nuestras trincheras políticas, de darle seguimiento a medidas imperantes para la evolución de nuestro marco regulatorio, tales como la implementación correcta y puntual del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y continuar impulsando acciones que abonen a la eficiencia administrativa y, por ende, beneficien a todos los ciudadanos.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.