En las próximas horas se dará a conocer la convocatoria para designar a los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE).

Se espera también que se informe quienes formarán parte del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de filtrar las postulaciones que se hagan para esos cargos. Esa instancia estará integrada por dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y tres de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

El objetivo es que antes del 30 de abril, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones, quede debidamente integrado el INE.

Los líderes de las diferentes fracciones legislativas en la Cámara de Diputados han señalado que se trata de un asunto de particular importancia y que por lo tanto es prioridad.

Sin embargo, es inevitable pensar que los legisladores tardaron 14 meses para elegir a los consejeros del IFE que faltaban antes del proceso electoral de 2012. Además este mes se cumple un año de que renunció el consejero Sergio García Ramírez y hasta la fecha no hay sustituto y desde que terminaron sus periodos Macarita Elizondo, Leonardo Valdés y Francisco Guerrero, el pasado 30 de octubre y desde entonces el IFE sólo funciona con cuatro consejeros: Marco Antonio Baños, actual consejero Presidente provisional, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif.

La importancia de elegir al Consejo General del INE radica en que, aunque no lo parezca, está a la vuelta de la esquina el proceso electoral de 2015, donde, además de los diputados federales estarán en juego nueve gubernaturas. Asimismo, en nueve entidades habrá elección de delegados, asambleístas, diputados locales y presidentes municipales.

Como se adelantó la fecha de elección del 1 de julio al 1 de junio, el proceso, en lugar de iniciar en octubre iniciará en septiembre. Esto es importante porque la ley establece que no surten efecto para el proceso electoral aquellos cambios en las leyes en la materia que se hagan tres meses antes del proceso electoral. En otras palabras, si no se tuviera la legislación secundaria de la reforma pólitica-electoral a más tardar en mayo el proceso electoral se tendrían que hacer con las reglas vigentes.

Otra cosa importante es que la designación de los nuevos consejeros se realice alejada de cualquier sospecha de reparto de cuotas entre los partidos políticos.

En alguna ocasión, Lorenzo Córdova me hizo un comentario en este sentido. Palabras más, palabras menos, dijo que uno de los puntos de mayor vulnerabilidad de los órganos autónomos, no solo los electorales, es la captura de parte de los actores políticos. Se refería no solo a los partidos, sino a los llamados poderes facticos.

Por eso el desafío es colocar en esos cargos personas que tengan la estatura profesional, intelectual y técnica que permita blindar al INE de cualquier intento de intromisión en los procesos electorales de actores de cualquier tipo, al margen de la ley.

A todo esto, decía Córdova, hay una buena señal: parece que los partidos diseñaron un proceso de selección de consejeros a través de este órgano de selección como si estuvieran reconociendo tácitamente que si ellos los eligen directamente no lo harían de la mejor manera y por ello mejor, por su autodesconfianza, se lo dejaron a un Comité Técnico de Evaluación que, esperemos, haga un buen trabajo.