El Congreso (Parlamento) tuvo su origen en Inglaterra para limitar el poder del Rey. Inicialmente, para que no hubiera ningún impuesto o contribución si no era aprobado por el Parlamento (No taxation without representation), después fortaleció sus funciones de contrapeso, aprobando cómo se gastarían los dineros de los impuestos: presupuesto.

Pero para que funcione el sistema democrático debe haber separación de poderes y sobre todo que uno no se subordine a otro. El poder Ejecutivo debe tener dos instituciones que eviten el abuso: el Congreso, que aprueba impuestos y gastos y adicionalmente establece las leyes (reglas) que restringen el actuar del Ejecutivo, y el poder Judicial, que dirime los límites del Ejecutivo de conformidad con las leyes.

En el México unipartidista, hasta la primera parte de la Presidencia de Ernesto Zedillo, el Congreso tenía mayoría del PRI y dependía hasta la ignominia del presidente de la República, lo mismo que la Suprema Corte, de forma que teníamos un presidente sin contrapesos institucionales. El abuso de presidentes como Echeverría y López Portillo nos llevaron a una verdadera catástrofe nacional.

Durante el gobierno del presidente Peña Nieto, se importaron las costumbres del Estado de México y terminaron por tener una Cámara de Diputados capturada a través de los recursos que cada diputado obtiene en el presupuesto para aplicarlos en obras o inversiones en sus propias localidades.

Cuando viene la aprobación del presupuesto, que ahora se hace sin discusión ni cambios, los diputados sólo ponen atención a la partida del Ramo 23, en donde están incluidos los recursos que ellos distribuirán.

Poco importa a los diputados si se baja el gasto de inversión, como ha sucedido en los dos últimos ejercicios, (el 2007 tuvo el más bajo gasto de inversión pública en términos del tamaño de la economía de los últimos 50 años, incluyendo los años de crisis como el 95 y el 2008 cuando la economía cayó más de 6 por ciento). Este año la inversión será aún más baja, y estas reducciones comprometen seriamente el futuro económico del país.

Tampoco importa ya revisar si el presupuesto ejercido del año anterior se ajustó a lo que aprobó la Cámara de Diputados. El año pasado se programaron 2,000 mdp en publicidad y se ejercieron 8,000, cuatro veces más, lo mismo sucedió con el Ramo 23, de donde salieron recursos discrecionales para los estados favorecidos, principalmente el Edomex.

Lo más grave no es el tema de los “moches”, el porcentaje que reciben los diputados por asignar obra a un municipio, independientemente de si este recurso lo administran por las bancadas o incluso por los partidos.

Lo que verdaderamente le hace más daño al país es que la Cámara de Diputados pierde su razón de ser como contrapeso del Ejecutivo, porque ahora hemos tenido un presidente que gasta con, o sin autorización del Congreso, en los temas que menos bien le hacen a México.

Que los diputados asignen recursos a obras específicas, que no tienen un estudio previo ni clave presupuestal, no tiene justificación alguna. Hay que decirlo, es una forma de cohecho que en el fondo logra que el presidente capture al Congreso.