Siete organizaciones buscaron erigirse en nuevos partidos políticos en nuestro país. Una lo logró en el INE, y ayer 15 de octubre, dos más consiguieron ese cometido en sede jurisdiccional. Los resuelto por el TEPJF es altamente polémico, por decir lo menos, porque según dicha instancia es más lesivo para el orden democrático el tema de la comprobación del dinero, que la constatación de la participación de ministros de culto y estructuras sindicales en su conformación.

En ese contexto, es necesario encontrar explicaciones que vayan más allá, y que nos permitan advertir, alejados de las pasiones y los intereses, si el TEPJF se mueve autorizadamente al interior del espacio de actuación que constitucionalmente tiene asignado o si, por el contrario, se revuelve interesadamente en función de impulsos de otra naturaleza.

Si ponderamos su ámbito competencial, es fácilmente constatable que el Tribunal Electoral, en sus 30 años de vida como Trife, pero mayoritariamente como TEPJF, se ha erigido en un tribunal de derechos humanos, partidos políticos, autoridades, poderes privados y elecciones. Estas cinco facetas le han dotado de una autoridad creciente, es verdad, pero a la vez le han permitido un desenvolvimiento alejado de la certidumbre y la previsibilidad, que son precisamente los valores a salvaguardar por una autoridad de última instancia.

En efecto, desde su posición de máxima autoridad ha manejado sus reglas de actuación para justificar la ductilidad de su desenvolvimiento, y la versatilidad en sus facetas institucionales de actuación. De esta manera, al TEPJF le ha correspondido determinar, con una alta discrecionalidad, la forma, el momento, el ámbito, y el grado de su intervención en el ejercicio de su función, y ha podido contar también con las herramientas necesarias para acomodarse dentro de alguna de sus cinco vertientes de actuación, de conformidad con las exigencias y las necesidades del momento.

Desde esta perspectiva, no es difícil advertir que la actual integración de la Sala Superior busque privilegiar su carácter de tribunal de derechos humanos, para asumirse como un pretendido tribunal constitucional que se sensibiliza con las expectativas de justicia que emanan de la ciudadanía, cuando ha sentido la necesidad de legitimarse ante la sociedad. O que enfatice en su vertiente de tribunal de autoridades y poderes privados, para demostrar que tiene la capacidad de hacer valer las prohibiciones que buscan salvaguardar la equidad en las contiendas.

Si bien esta ambivalencia le ha permitido mantener cierta confianza y credibilidad, lo cierto es que parece que detrás de ella se esconde una estrategia para asumir el desgaste que le provoque aquel momento en el que tenga que emitir sentencias cargadas de polémica que, por su propia naturaleza, son las que derivan de su faceta como tribunal de elecciones, o tribunal de partidos políticos.

Si bien a inicios de siglo el TEPJF dio pasos firmes en la construcción de un sistema de partidos sólido, hoy es una de las facetas que mayor ambigüedad presenta por los recurrentes vuelcos interpretativos que han buscado mantener, o darle vida a partidos claramente vinculados al poder en turno, y negarle el registro a otras organizaciones de franca oposición. Ni qué decir tiene el papel jugado al interior de las elecciones, en donde ha validado candidaturas irregulares y negado postulaciones fidedignas, y con base en un discrecional principio de determinancia, ha reconocido y despojado de triunfos, y ha quitado y reasignado curules.

Con su actuación en estos últimos años, el TEPJF ha contribuido a exacerbar la politización de la justicia, empeñado en buscar fórmulas de compromiso para legitimarse ante el poder. De esta manera, hoy, a la distancia, con la incorporación del tribunal electoral al PJF, la función jurisdiccional ha perdido autoridad y la política ha terminado por ganar aún más poder.