Un contrato social básico, de aquellos que a la luz de los tiempos parecería inalterable, es aquel por el cual un gobierno se compromete a colocarse en una vitrina en donde cualquier ciudadano pueda apreciar su actividad. Aquella actividad, implica un movimiento considerable de recursos públicos que, a su vez, deben convencer a la sociedad misma de su atingencia en la aplicación a proyectos, contestar al por qué de esa decisión para su aplicación y finalmente, poner a la vista las pruebas que respalden tan determinación. Transitar en el sentido contrario no solo resulta anacrónico, sino perjudicial para la propia gobernabilidad y el estado de derecho. De ahí lo polémico que resulta un decreto que, en estricto sentido, busca el ocultamiento de información y el no cuestionamiento sobre las razones que sustenten la implementación de un proyecto de obra pública.

El decreto que obliga a las dependencias federales a la aprobación de los proyectos de gobierno, bordea el límite de la ley, y establece un sistema de paso “fast track” que genera una comodidad máxima al ejecutivo. Si es muy cierto que, conforme al artículo 26 constitucional, el estado tiene a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, y que hay una necesidad urgente y manifiesta por la creación de infraestructura productiva, la opacidad fundada en una declaratoria que eleva todos los proyectos u obras a cargo del gobierno federal al rango de asuntos de seguridad nacional, poco o nada ayuda a la salud democrática que en conjunto debe tener un país como el nuestro.

Pero más aún, la obligación impuesta en el artículo segundo del decreto, por el cual se obliga al otorgamiento de autorizaciones provisionales de permisos y licencias necesarias, es un laberinto de complicaciones máximas ya que, en todo procedimiento de tal naturaleza, el apego a la ley y a los tiempos y parámetros establecidos se contiene en múltiples ordenamientos que van desde manuales operativos, criterios de actuación, reglamentos internos y leyes orgánicas.  Además, estamos creando un escenario peligroso donde cualquier persona afectada por la implementación de una obra gubernamental federal, por injustificada u ocurrente que esta sea, queda en completo estado de indefensión. Con esta ruta trazada, no habría manera de detener un acto de autoridad de consecuencias irreparables.

E insistiendo en el tema de transparencia, si también es cierto que el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia permite a la federación reservar, de manera general la información relacionada con los proyectos y obras de gobierno, tal actuar es un contrasentido a lo que el propio gobierno federal ha tratado de combatir de núcleo. La corrupción anida en la opacidad, es un flagelo pernicioso que se engrosa en la falta de litigio y cuestionamiento. Ya que México se encuentra en el deshonroso lugar 135 de 139 países en materia de corrupción según el World Justice Proyect, ¿hasta donde llegará ahora con este nuevo cometido?

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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