En los últimos 13 años la transparencia y el acceso a la información pública han encontrado caminos y contextos propicios para construir herramientas jurídicas que dan pasos adelante con cada reforma y en poco tiempo, si consideramos que otras asignaturas han requerido décadas para construir consensos.

El derecho a la información se incorporó al texto constitucional -en su Artículo 6- desde 1977, en el marco de una reforma política y electoral de gran calado, aunque esa frase concreta, el derecho a la información será garantizado por el Estado , no tuvo una reglamentación secundaria que atendiera las varias aristas y ángulos que implicaba, y así, ya fuera porque no había consenso, voluntad política o contexto propicio, se quedó en la Constitución una frase que no encontraba cauces para desarrollarse en leyes secundarias que le dieran herramientas para tener vigencia y efectividad.

Pasaron 25 años para que en el 2002 una de esas aristas fundamentales del derecho a la información se reglamentara con la primera Ley Federal de Transparencia, pero en ese momento la ecuación cambió porque ahora sí hubo condiciones para registrar varios cambios que han fortalecido una y otra vez la base legal para la transparencia, con más sujetos obligados, con autonomía del órgano responsable de velar por la entrega de información y proteger los datos personales (hoy con alcance nacional), con más alternativas y obligaciones para que los dineros públicos rindan cuentas, sin importar quién los ejerza, sin obstáculos injustificados.

Después de la ley del 2002, en el 2007 hubo otra reforma constitucional que homogeneizaba, por ejemplo, un catálogo mínimo de información de instituciones públicas para que aun sin que nadie la solicitara expresamente estuviera disponible para consulta de cualquier persona y más tarde otra en el 2014, en la que se destrabó un añejo reclamo para que la transparencia incluyera esas y otras bases homogéneas en el ámbito local y federal, no sólo para gobiernos, sino en general para instituciones públicas e instancias que ejercen recursos públicos, incluyendo partidos políticos y sindicatos, fideicomisos e incluso a personas físicas y morales.

El 7 de febrero del 2014 se publicó esa reforma constitucional, y en su artículo segundo transitorio estableció un año como plazo para armonizar las leyes tanto de transparencia como de protección de datos en posesión de particulares, así como el entonces vigente Código Electoral y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación también en Materia Electoral.

Fue así como la reforma constitucional perfiló un modelo nacional de transparencia con estándares homogéneos aplicables en los estados de la República y a nivel federal, robusteciendo, entre otros elementos, el universo de obligaciones y sujetos obligados a cumplirlas a partir de una base sencilla: si hay recursos públicos involucrados, deben rendirse cuentas.

La ley general aterrizó los trazos constitucionales y estableció a su vez en un artículo quinto transitorio para que a más tardar en un año, las leyes locales y la propia ley federal se ajustaran en sintonía con sus postulados.

Esa armonización incluye no sólo enunciar obligaciones, sino definir procedimientos y plazos para entrega de información y para sancionar negativas indebidas, así como medidas de apremio y coordinación entre instituciones.

Se lee por ejemplo en el dictamen, aprobado ya por las y los senadores, un artículo 206 que señala que en caso de que existieran incumplimientos de partidos políticos para poner a disposición o entregar información, el INAI daría vista al INE para que fuera la autoridad electoral la que sancionara.

La Ley General de Transparencia se aprobó en mayo pasado y ahí se aterriza la guía nacional que deben cumplir las leyes locales, las normas reglamentarias de sujetos obligados y la nueva ley federal que el jueves de la semana pasada el Senado de la República aprobó, pero que requiere todavía el aval de la Cámara de Diputados.

Esa ley no concluye el ciclo reglamentario, porque faltaría desarrollar el tema de los datos personales y archivos, pero abrogaría la histórica y no tan antigua Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para ser ahora una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El cambio en su nombre no es menor, porque el acceso de las personas a la información no estará limitada a los registros en poder de gobiernos, sino también a cualquiera que se genere con recursos públicos.

*Consejero electoral del INE

Twitter:@MarcoBanos