Durante el mes de mayo se vence el plazo para sacar la Ley Reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las más esperadas de los últimos tiempos.

Es frecuente enterarnos por los diversos medios de actos de corrupción en el sector público que nos indignan y sobre todo nos recuerdan de la urgente necesidad de contar con una ley que le dé vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

La detención del expresidente del PRI, Humberto Moreira, nos hizo pensar que sólo otros países tienen la capacidad para perseguir los delitos de políticos mexicanos. La posibilidad de extraditar al Chapo Guzmán también nos hace pensar sobre la incapacidad del sistema penitenciario para procesar a los delincuentes de alta peligrosidad, aunque reza el viejo proverbio que la tercera es la vencida.

Escándalos y rumores ligados con las aficiones inmobiliarias de los miembros del gabinete la Casa Blanca, la casa de Malinalco, la casa de Osorio Chong afectan la conciencia de los mexicanos a diario. Y qué decir del involucramiento de los grandes contratos gubernamentales con tufos de irregularidades, donde OHL se ha convertido en el campeón de los cuestionamientos.

La ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción nos hace pensar que su entrada en vigor inhibirá las conductas de los servidores públicos para que no se involucren en diversos ilícitos en el servicio público.

Dicho instrumento deberá ser puntual en integrar un procedimiento para investigar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en consecuencia las responsabilidades penales de los servidores públicos con su respectivo instructivo.

Por parte de las instituciones y servidores públicos, existe la preocupación de que las nuevas facultades de las diferentes autoridades que conforman el sistema se encuentren suficientemente coordinadas para que los instrumentos de fiscalización y los requerimientos de información no ocupen la mayoría de su tiempo y puedan dedicarse a las actividades sustantivas del servicio público que les fue encomendado.

El trabajo que en estos momentos se realiza en comisiones subsana las ya consabidas fallas del actual sistema de responsabilidades administrativas e incorporará sin desdén la experiencia que desde la Secretaría de la Función Pública puede aportar el Dr. Andrade, uno de los diseñadores del sistema.

Esperemos que la ley del sistema anticorrupción sea la luz al final del túnel que sirva para enrutar la lucha de nuestro país en contra de la corrupción. Esperemos que sea un instrumento confiable, eficaz y capaz.

Twitter: @ErosalesA