Vivimos momentos en que los países enfocan todos sus esfuerzos para resolver los problemas de corto plazo, centrando su atención en las contingencias sociales y en los comportamientos propios de la economía bajo presiones diversas.

No obstante, por poco atractivo que sea referirnos al mediano plazo en que hay sitio para tratar problemas estructurales, deseo hacer referencia a la importancia que tiene contar en nuestro México con estructuras financieras confiables en las empresas públicas y en la gestión financiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) de 2008 sentó las bases para fortalecer la información financiera de los entes públicos de los tres poderes. Su fin es facilitar el registro y la fiscalización de activos, pasivos, ingresos y gastos para contribuir de esta forma a medir la eficacia, economía y eficiencia de ingresos y gastos públicos, la deuda pública y el patrimonio del Estado.

A diferencia de países que tienen una estructura de Estado unitario, como Chile, Perú y Ecuador, en que el gobierno central es considerado como un ente supremo y las divisiones administrativas sólo pueden ejercer poderes que han sido delegados; Argentina, Brasil, y México adoptaron el modelo federal.

Esta característica tiene repercusiones en la heterogeneidad de la información financiera y la contabilidad gubernamental que la LGCG ha contribuido a solucionar mediante normas y lineamientos de armonización de implementación obligatoria.

Además de este beneficio, la Ley establece un sistema de contabilidad gubernamental que obliga a los entes públicos a registrar de manera armónica sus operaciones presupuestarias, contables y patrimoniales a efecto de generar presupuestos y estados financieros confiables y oportunos, además de comparables entre sí.

La Ley referida ha sido también benéfica para el registro de las diversas etapas del proceso presupuestario, lo cual ha contribuido a una mayor transparencia y a un mejor control del gasto.

Respecto a la información financiera, es de destacarse que la Ley establece precisiones necesarias sobre el contenido de la Cuenta Pública y sobre los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia y comparación, y sobre los atributos asociados a estos conceptos como la oportunidad, la veracidad y la objetividad que deben tener los estados financieros.

La Ley referida hace también énfasis en la posibilidad de efectuar predicciones presupuestarias, financieras y económicas con base en una información solida y confiable. En economía, las predicciones se basan en extrapolaciones de datos presentes o inmediatamente pretéritos. Si los sistemas financieros no registran la información con la calidad necesaria, los resultados de las predicciones pueden ser poco útiles e incluso contraproducentes.

Lo anterior viene a colación porque, durante los últimos años, se han observado déficit de registros en algunos entes públicos, tanto federales como estatales, y revelaciones insuficientes en saldos de pasivos laborales, pasivos contingentes y deficiencias en la aplicación de criterios de conciliación en las empresas públicas. Ello no contribuye a los objetivos de eficacia, economía, eficiencia y rendición de cuentas y, desde luego, son debilidades manifiestas para predecir razonablemente un futuro cuya naturaleza es la incertidumbre.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

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