Tal vez no sea evidente para muchos, pero los avances hacia la construcción de un nuevo acuerdo internacional en materia de cambio climático, la reforma energética en México y la Ley de Transición Energética, aprobada este lunes 15 por la Cámara de Diputados, abren el camino para una transformación en la producción y consumo de energía en nuestro país. Por tanto, también para una reestructura a largo plazo de la economía.

En la COP 20 de Lima (conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático), recién finiquitada, se alcanzó un acuerdo conducente a que en la COP 21 de París se establezcan compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para todos los países, que implicarán reducciones significativas hacia la próxima década y un abatimiento de entre 40 y 70% hacia la mitad del siglo. México muy probablemente asumirá 30% de reducción entre el 2020 y el 2030 sobre la línea base, y 50% absoluto para el 2050. Obvio es que tendrán que privilegiarse a las energías renovables y nuclear.

Como sabemos, la reforma energética prevé una nueva arquitectura para el sector eléctrico, basada en la desagregación de la cadena de valor en generación, despacho y transmisión, distribución y comercialización. Se abre la generación a la inversión y operación privadas, y se sientan las bases para la existencia de un mercado spot y de contratos bilaterales entre generadores o suministradores y grandes consumidores. La red de transmisión queda a cargo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) quien también fungirá como operador del sistema y operador del mercado. La política del sector será responsabilidad de la Sener, mientras que la regulación será ejercida por la Comisión Reguladora de Energía. En sí mismo, este nuevo andamiaje institucional representa una gran oportunidad para el desarrollo de las energías renovables y de la generación distribuida en México.

Más aún, la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) plantea instrumentos específicos para la promoción de las energías limpias (solar, eólica, geotérmica, minihidráulica, biomasa, nuclear), como es el caso de los Certificados de Energías Limpias (CEL), cuyos lineamientos o reglas de operación han sido recientemente publicados. Éstos serán obligatorios para usuarios calificados y suministradores, y acreditarán la producción o el consumo de un cierto porcentaje de energías limpias de acuerdo con las metas que serán fijadas por la Sener durante el primer trimestre del 2015 y que estarán vigentes hasta el 2018, y renovadas trianualmente. Los CEL serán otorgados por la CRE de acuerdo con mecanismos de verificación que serán establecidos por el Cenace. Los CEL constituirán un instrumento crucial para cumplir con la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética (LAERFTE), y próximamente, con la Ley de Transición Energética (una vez que sea aprobada por el Senado, se proyecta que en febrero). Tal legislación indica que, para el 2024, 35% de la electricidad en México debe ser generada con energías limpias.

La Ley de Transición Energética aprobada por los diputados integra toda la legislación dispersa en la materia, establece umbrales de emisión de CO2 para la definición de Energías Limpias, refrenda el objetivo de 35% de energías limpias para el 2024 con metas intermedias escalonadas, plantea el desarrollo de una red inteligente (esencial para una red con alta participación de renovables), promueve la generación distribuida o descentralizada, clarifica y establece un registro de CEL, y crea nuevos sistemas de información e instituciones para el fomento de energías limpias. Para una verdadera transición energética será fundamental impedir la coartada (que flota en el horizonte) de considerar al gas natural como energía limpia.