Justo hace un año, Elba Esther Gordillo Morales recibió la comunicación que cambió su destino dramáticamente. Al mediodía, a su casa en Coronado Cays llegó una invitación indeclinable: el secretario Luis Videgaray Caso le pedía apartar un espacio en su agenda para cenar la noche del martes 26 de febrero.

La Maestra había hecho planes para trasladarse de San Diego a Guadalajara, donde encabezaría la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, convocada ex profeso para ratificar los acuerdos tomados en el Congreso Nacional celebrado cuatro meses antes en la Riviera Maya y redefiniría la estrategia de la resistencia magisterial ante la reforma educativa ejecutada por la administración peñista, con el respaldo del PAN y del PRD.

Sus más cercanos más adelante entendería que no eran los más leales que digamos ya estaban en la Perla Tapatía, ciudad natal del entonces secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien había prometido que el cónclave de la dirigencia magisterial quedaría blindado, sin manifestaciones de la Coordinadora u otras interrupciones incómodas. Allá también estarían su yerno, Fernando González; el líder del magisterio coahuilense, Carlos Moreira Valdés uno de los más influyentes entre los consejeros y su ex esposo, Francisco Arriola Urbina, custodio de las arcas del gremio. Con el primer círculo de elbistas en Guadalajara, Gordillo Morales tuvo que solicitar apoyo a uno de sus asesores en comunicación para que fueran a recogerla al hangar de Toluca. La treta había funcionado. Si bien la decisión de actuar contra la lideresa sindical ya había sido decretada en Los Pinos, no habría mejor oportunidad. El operativo en Guadalajara era inviable por el riesgo que implicaba la movilización de las bases magisteriales y el costo político de la cúpula del SNTE, al borde del paroxismo y la inmolación, simplemente impagable.

El expediente sobre sus gastos excesivos y sus negocios al margen del poder sindical había sido recopilado por Alberto Baz Baz con técnica forense. El rastreo de sus movimientos, por parte del CISEN, también había arrojado resultados precisos. Alfredo Castillo entonces subprocurador de procesos penales en la PGR recibió autorización para proceder contra Elba Esther Gordillo.

¿Alguien del equipo elbista proporcionó al gobierno federal informes sobre sus movimientos financieros o su red de contactos más cercanos? Entre sus hijas existen sospechas fundadas de que así ocurrió, pero también han sumado una extensa lista de traiciones, desde hace un año.

Su caída se fraguó lentamente. Ella sabía que una parte del equipo peñista la consideraba enemiga desde la elección para gobernador del Estado de México, en el 2011. Tardíamente entendió que esta vez no habría recompensa por el trabajo de su ejército electoral ni siquiera por el sacrificio que implicó la instrucción, a última hora, de votar por los candidatos priístas en el 2012 ni un trato privilegiado. Y, con la misma convicción, sabía que su interlocutor más cercano Miguel Ángel Osorio Chong cumpliría sin inmutarse con las instrucciones presidenciales. Pero la exigencia de que cooperara, de que no saboteara la reforma educativa pactada por el PAN y el PRD, simplemente era imposible de atender. ¿Sería el último capricho de Elba Esther? Al paso de los meses, la resistencia magisterial a las nuevas leyes educativas ha crecido. Y la nueva dirigencia no ha podido contener ni apaciguar sus reclamos.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿INCONSTITUCIONAL? El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que los congresos estatales carecen de facultades para sancionar en materia de arraigo. Al analizar la legislación de Aguascalientes, la mayoría de los ministros (siete a favor, tres en contra) dejó sin efectos esa normatividad y este mediodía determinará los efectos de dicha invalidez. Si resolviera que las pruebas obtenidas durante la vigencia de dicha medida cautelar fueran inválidas, tan sólo en el estado de Aguascalientes traería como consecuencia jurídica la libertad de más de 260 personas procesadas por delitos graves como homicidios dolosos, secuestros, violaciones, robos calificados, así como aquellos vinculados a delincuencia organizada. Por lo tanto, la determinación respecto de los efectos del arraigo, en el sentido de invalidar las pruebas, al ser jurisprudencia, afectaría a todos los estados del país en los procesos en los cuales se implementó dicha medida.

¿MUTACIONES? Su nombre sería Gregorio Chávez, un mazatleco cincuentón años de edad y por supuesto sin vínculo alguno con actividades delincuenciales. No sorprende que haya versiones que tratan de confundir sobre la persona presentada por las autoridades mexicanas como El Chapo Guzmán. Lo que sorprende es que algunos políticos y medios informativos hagan eco de estas versiones aviesas. De igual forma las declaraciones de Phil Jordan, ex director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el Paso, Texas, quien aseguró que se tiene documentado que El Chapo Guzmán aportó cuantiosas sumas de dinero a la campaña presidencial en el 2012, abonaron a las suspicacias.