Mientras las campañas esquivan los temas cruciales y se pierden en insultos, mentiras y noticias falsas, mientras exfuncionarias y funcionarios adornan su imagen en busca del voto, el trabajo de organizaciones sociales y personas dedicadas a buscar justicia contra la violencia machista prosigue. Sus logros y hallazgos confirman la importancia de romper las falsas imágenes para enfrentar, y cambiar, la realidad.

Gracias al trabajo constante de las defensoras y de la familia de Lesvy Osorio Rivera, el 10 de abril la PGJDF determinó que ésta fue asesinada por su novio, como lo había planteado desde el principio la señora Araceli Osorio. Como sabemos, este caso es un ejemplo contundente de las fallas en la procuración de justicia en nuestra ciudad. Recordemos el patrón de revictimización que puso en práctica la procuraduría a través de Twitter, la hipótesis descabellada de que ella se había suicidado con un cable de teléfono, y la condena por homicidio doloso contra el novio por no haber impedido el suicidio. Todo esto sin aplicar el protocolo para investigar feminicidio, pese a las evidencias de violencia y a la exhibición del cuerpo en un espacio público.

Por desgracia, este caso es sólo uno de los ejemplos de la violencia institucional que enfrentan las víctimas de violencia machista en la capital y en el país. Si se está haciendo justicia, aun a destiempo, es, sin duda, gracias a la exigencia de verdad de la familia de Lesvy y a la presión ciudadana. Muchos otros no llegan a la luz pública y quedan impunes. Fallas en las leyes y protocolos, mala aplicación, resistencia de funcionarios y funcionarias sin capacitación adecuada, negligentes o corruptos, se combinan en distintos grados para perpetuar la impunidad.

Así lo demuestra el reciente informe “Implementación del tipo penal de feminicidio”, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que analiza el contexto, la tipificación del delito y los obstáculos para su sanción en todo el país entre el 2014 y el 2017. Uno de sus primeros señalamientos es que los estados no cumplen con la obligación de tener bases de datos confiables: bajo petición, algunos estados les dieron datos completos, otros incompletos y siete ninguno.

Aunque el análisis del contexto del feminicidio que ofrece es importante, cabe centrarse en los hallazgos generales del informe acerca de “la ruta de impunidad” predominante. En cuanto a las leyes, señala que “sólo 19 estados cumplen con los elementos normativos necesarios y retoman la mayoría de las razones de género de manera objetiva”, cruciales para determinar si se trata de un feminicidio. A estas fallas se añaden protocolos que no especifican los pasos a seguir, que ni siquiera se han actualizado al nuevo sistema de justicia penal, o que carecen de perspectiva de género (PEG), necesaria para realizar un peritaje, por ejemplo.

Al trazar lo que llama “ruta de impunidad”, el OCNF destaca, además de resistencia a reconocer el crimen y revictimización, pérdida de evidencia, inconsistencia en dictámenes periciales, falta de seguimiento para asegurar la debida diligencia, ausencia de PEG en las sentencias, y falta de garantía del derecho de las víctimas a la reparación del daño. También señala la falta de estudios de contexto, incluso en zonas dominadas por el crimen organizado y, en contraste, el uso de una supuesta relación de las víctimas con éste para no investigar. No resulta extraño entonces que sólo se haya investigado como feminicidio 30% de los casos documentados, ni que se alargue la lista de crímenes impunes.

El aumento de la violencia y saña machistas para el 2017 que documenta el OCNF no puede atribuirse sólo al sistema de justicia. Sin embargo, poner trabas a la justicia desde el Estado mismo es, sin duda, una forma de colusión o negligencia que favorece su normalización. Para acabar con esta in-justicia que daña a las familias y a la sociedad, el OCNF recomienda, entre otros, cambios legales, investigaciones completas y especializadas. Éstos y otros cambios requieren de exigencia y acción ciudadanas.

LucíaMelgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).