Grande ha sido la evolución en el derecho de la competencia en los últimos años: de la Escuela de Harvard y la de Friburgo, que buscaban lograr el bien común (y de todos los alemanes y americanos) a través de la competencia y el control de las empresas dominantes, enfatizando la importancia que para la economía tienen las estructuras del mercado, hemos evolucionado a la Escuela de Chicago, que pretende lograr como único objetivo de la competencia el bienestar de los consumidores, a través de la maximización de la riqueza, la eficiencia en una palabra. Para la Escuela de Harvard y los ordoliberales de los años 50 a 70, la economía debía lograr un orden, que provendría de la competencia y cuyo objetivo era el bien común de la comunidad, es decir, las condiciones que hacen posible el pleno desarrollo de las personas, la persona y su dignidad constituían el centro de la política, como señala la Constitución alemana.

En la Escuela inspiradora del Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea, el fin de la economía y de la política era servir al bien común, a todos sin exclusividad, tras los terrores de los totalitarismos fascistas. Para los Chicago Boys, el centro de atención de la economía cambia de centro: deja de ser el bien común y pasa a ser la mayor creación de riqueza de los individuos, no entendidos como personas, sino como meros consumidores. De la competencia como orden a la competencia como eficiencia hay una gran distancia: la persona pasa a un segundo lugar.

Además, la libertad en sí misma, para la Escuela de Chicago, Friedman y sus cachorros, pasa a ser la meta exclusiva de la política: la verdad es irrelevante. Nuestra sociedad actual nos fuerza a ser productivos; la competitividad ha pasado a ser el mantra de la economía: se vale lo que se produce. Todo aquel que no genera riqueza, que no es eficiente, no cuenta, viene sobrando. Y el bien común pasa a un segundo lugar. Los improductivos: los no nacidos, los ancianos, los migrantes, no valen nada si no producen.

No es otro motivo que la ideología del eficientismo totalizante, el que está detrás de la ideología de quienes pretenden ampliar el plazo del aborto a las 24 semanas y se niegan a reconocer el derecho de los no nacidos: si no producen, no valen. La sociedad mundial reaccionó a esa pérfida ideología que llevó a millones de seres humanos a los campos de concentración y a la colectivización forzosa, humanizando la lucha competitiva por el bien común. Y la sociedad de la posguerra, pese a sus errores, fue un periodo de relativa paz social y de reconocimiento universal de los derechos de todas las personas. El cambio de esta cosmovisión, del ordoliberalismo por la Escuela de Chicago ha traído otra vez los fantasmas que ocasionó la Segunda Guerra Mundial: profunda desigualdad, desatención a los migrantes y culto al midas de la riqueza y la competitividad. ¿Y el improductivo de menos de 24 semanas? No vale.

A menor escala y con sus matices, este ha sido el efecto que estas políticas han traído a México. Cuando más se ha hablado de la eficiencia de los mercados y de la desigualdad inevitable, han proliferado los movimientos, las personas y las ideologías que sólo tienen por fin el individualismo, la libertad aun a costa de la falta de respeto a un tercero (pues el embrión es una persona). El pretexto de que la protección del no nacido vulnera la libertad de las mujeres las vuelve esclavas de la eficiencia y el mercado. No nos extrañe entonces que a pesar de todos los esfuerzos en pro de las mujeres, éstas sigan esclavizadas por el sistema económico.

No es indiferente negar los derechos del no nacido: si no reconocemos sus derechos tampoco reconoceremos los de las demás personas. Y el infierno fruto de los ideólogos de la Escuela de Chicago está tocando las puertas. Hay que compensar la eficiencia con la búsqueda del bien común: si no, no nos quejemos de nuestra suerte, aunque algunos ideólogos supuestos defensores de las minorías menos de las del no nacido , pretendan mostrarnos como progreso lo que ha sido una regresión a los totalitarismos del siglo XX, si bien con otra cara y con diferente retórica.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.