El gobierno vierte en su plato todos los ingredientes para una tormenta de fuego perfecta. En los meses de estiaje que se avecinan probablemente sufriremos una de las mayores oleadas de incendios y deforestación en la historia, en el contexto de una administración pública diezmada e incapaz de prevenir y reaccionar con eficacia. Las consecuencias ecológicas y sobre la biodiversidad serán potencialmente devastadoras, así como los impactos sociales, económicos y políticos, tal como lo han advertido de manera elocuente esta semana las organizaciones ambientalistas más reconocidas de nuestro país. La ineficacia gubernativa en este caso se sumará a otras contingencias económicas y de salud pública que cimbrarán al régimen y lo someterán a un cuestionamiento y deslegitimación decisivos.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que este año será aún más tórrido que el 2019. La temperatura promedio en el país ha venido aumentando de manera consistente en los últimos años, lo que concurre con sequías cada vez más pronunciadas. Esto configura en sí mismo un escenario de alto riesgo, que tiene como referencia los incendios catastróficos que recientemente han asolado a Australia, Rusia, California y varios países mediterráneos.

Sobre esta premisa, el gobierno ha establecido una extensa red de subsidios clientelares en el campo mexicano, que sin reglas de operación, ni bases técnicas, ni seguimiento, ni auditoría, representan no sólo incentivos arrolladores a la deforestación a través del uso del fuego (práctica ancestral), sino un despilfarro sin precedente de recursos públicos. Tal es el caso de subsidios o apoyos ganaderos, subsidios agrícolas vía precios de garantía, y del perverso programa Sembrando Vida, que juntos superan los 50,000 millones de pesos para este año. Los propietarios de la tierra (ejidatarios, comuneros y propietarios individuales) multiplicarán el fuego con la finalidad de llevar a cabo desmontes y hacerse acreedores a los subsidios, que los convierten en clientelas políticas y votantes cautivos del partido en el poder.

También, a la cuenta del gobierno debe acreditarse el desmantelamiento de la Comisión Nacional Forestal, cuyo presupuesto ha sido recortado brutalmente en casi 40 por ciento. Con ello, se han perdido capacidades vitales de manejo forestal, de pago por servicios ambientales, y de atención a contingencias. Lo mismo ha ocurrido con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que tiene a su cargo parques nacionales y reservas de la biósfera en casi 13% del territorio nacional, lo más valioso de nuestro capital natural ahora prácticamente en abandono. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha sido acosada y mermada en su presupuesto, así como en sus sistemas de percepción remota de detección temprana de incendios forestales, indispensables para combatirlos oportunamente. El gobierno igualmente ha desarticulado al Programa de Empleo Temporal con el que se capacitaba, equipaba e integraba a las brigadas campesinas contra incendios, a la vez que castiga al Fondo de Desastres Naturales.

Por su lado, la Gendarmería Ambiental, antes parte de la Policía Federal, responsable de la vigilancia en bosques y selvas y Áreas Naturales Protegidas ha sido eliminada, al tiempo que la Profepa ha recibido recortes y despidos incapacitantes (fueron despedidos todos sus delegados en los estados). Y todo esto, mientras se tolera la utilización del fuego en actividades agropecuarias y se multiplican impunemente los desmontes y cambios de uso del suelo (también con fuego), prácticas arcaicas que en la letra son delitos ambientales. El impacto en la calidad del aire como consecuencia de los incendios forestales retroalimentará una época crítica de contingencias y contaminación atmosférica por partículas tóxicas. En suma, la tormenta de fuego, perfecta.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.