La baja en la inflación por decreto no falló a su cita anual de la primera quincena de mayo.

Puntualmente, desde el 2003, el registro del Índice Nacional de Precios al Consumidor muestra un registro negativo durante los primeros 15 días del quinto mes del año. Básicamente por la disminución del precio de un bien administrado por el gobierno: el servicio eléctrico.

Es fantástico que en esta temporada de calores haya un subsidio en las tarifas eléctricas en esas zonas del país donde es imposible vivir, si no es con los aires acondicionados encendidos. Es una forma muy adecuada de aplicar una política de subsidios.

El problema es que crea distorsiones en la medición inflacionaria. Que tampoco son graves, porque hoy realmente no hay presiones en ese frente económico.

En México, nos hemos dado cuenta de los problemas ya que nos explotaron en la cara.

La crisis de 1994-95 es un claro ejemplo de ello. En unas cuantas horas de mediados de diciembre de 1994 cambió el panorama económico financiero del país. Nos dimos cuenta, en esa breve fracción de tiempo, de que las cosas se encontraban terriblemente mal, cuando pensamos que estaban sensacionalmente bien.

Pagamos caro las omisiones informativas del gobierno. Fue hasta mucho tiempo después, que nos enteramos de que entre el gobierno saliente de Salinas y el entrante de Zedillo discutían sobre la necesidad de devaluar el peso. Pero también atendimos a las crónicas de cómo, ninguno de los dos gobiernos querían cargar con esa culpa.

La crisis financiera de Estados Unidos nos dejó ver enormes debilidades financieras en México, como los boquetes que causaron los derivados en el estrechísimo mercado cambiario mexicano.

El tipo de cambio flexible se llevó un golpe muy fuerte y la frase casi publicitaria de Las finanzas públicas sanas quedó vulnerada por la realidad de un monstruo de crisis desatado en el corazón del sistema financiero mundial.

Bueno, de hecho, el mismo surgimiento de la crisis financiera estadounidense fue producto de la falta de cálculos adecuados de lo que puede suceder, cuando no se prevén los riesgos a tiempo.

Así como en México quedó marcado el 19 de diciembre de 1994, como el día que se desató el error de diciembre . Así, en Estados Unidos, el 15 de septiembre del 2008 quedará inscrito como el punto de partida de la crisis de Wall Street.

Por eso es que la idea del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, de crear un Comité de Vigilancia de Riesgos Económicos no es mala. Y no tanto porque se pueda reunir un grupo de sabios a los que no se les vaya de largo un peligro, sino por la apertura informativa que necesariamente tendría que haber, para sostener una figura como ésta.

Un consejo de estas características podría vigilar que un país no financie deuda de corto plazo en dólares, con instrumentos de largo plazo en dólares, como ocurrió en la crisis de los 90 en México.

La comunicación internacional de estos organismos podría disparar alertas mucho más oportunas. Porque una burbuja hipotecaria, un empaquetado de bonos basura o un proceso especulativo, pueden parecer asuntos de mercados particulares, pero está probado que los efectos son globales.

En el caso de México, a los primeros que tiene que convencer de la necesidad de un comité de prevención de riesgos es a los legisladores.

Desde el momento que tendría que contar con un respaldo del Congreso, la figura corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control político.

Si lograra esta figura superar esa aduana tan mexicana de la politización, podría funcionar adecuadamente.

La primera piedra

Los aseguradores van a insistir ante el gobierno federal y los gobiernos locales sobre la necesidad de contar con seguros obligatorios. Como en el caso de los automóviles.

Es de una gran irresponsabilidad que en México no se obligue a quien utiliza un auto, tener la garantía de que puede hacer frente a la reparación de algún daño a terceros como consecuencia del uso del vehículo.

Aunque también habrá que ver con qué cara los aseguradores insisten en esta obligatoriedad, cuando de un año a otro le suben más de 16% el precio a sus pólizas, cuando la inflación no rebasa 5 por ciento.

Y, claro, siempre tendrán la coartada de la siniestralidad. Pero no pueden esperar que un seguro obligatorio suba tres veces lo que el índice inflacionario. Por eso es que su voz no se escucha tan fuerte.