Estamos en tiempo de cambios. A nivel legal y político, en proceso de cambio del Ejecutivo federal y de varios ejecutivos estatales; en una nueva época, así definida por la Suprema Corte; en el inicio de una nueva Legislatura federal y en varias estatales, y viviendo transformaciones sociales de gran calado que creo aún no alcanzamos a dimensionar: un profundo cambio sociodemográfico; cambios en la movilidad humana y en su relación con la globalidad; cambios en la composición de las familias, y cambios en la comunicación interpersonal, cada vez más virtual, entre muchos otros.

El cambio es signo de nuestro tiempo, pero lo es también la diversidad. México se descubre y se reconoce cada día más diverso, en lo político, lo religioso, lo cultural, lo territorial, lo intergeneracional, lo sexual. No es sólo realidad creciente, sino es posibilidad de desarrollo y de cohesión social, aunque aún es percibida como riesgo y amenaza. Es también exigencia de respeto a los derechos y a las libertades de quienes para cada persona o grupo representan lo diverso. 

Un cambio central para la vida de México es la reforma constitucional de derechos humanos. Reforma que redefine al Estado, la relación de los poderes con la ciudadanía; que establece como eje los derechos humanos y la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos; que incorpora el principio pro persona, y eleva a rango constitucional los tratados internacionales suscritos por México, de los cuales la mayoría refieren a la no discriminación.

Esta reforma amplió exponencial y sustantivamente nuestra Constitución y marca un horizonte diferente de la democracia, en razón de la igualdad y la inclusión. Ahora éste es principio y fundamento de las acciones y de los criterios de decisión de las instituciones del Estado y de las relaciones al interior de la sociedad.

Gestionar adecuadamente los cambios y la diversidad de nuestro país no es un proceso que se dé en automático. Requiere intervención de las instituciones públicas, participación de los medios de comunicación, fortalecimiento de la sociedad civil organizada, reeducación social, revisión del sistema económico y modificación de la cultura política.

La agenda en materia del derecho a la no discriminación para los próximos años es amplia, exigente e indispensable. Requiere ubicar, desde la ley y las políticas públicas, que la vulnerabilidad no radica en las condiciones o características de identidad de las personas, sino en las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que las vulneran. Hacer de la escuela pública un espacio de inclusión y de socialización y no de estratificación. Reconocer que la situación de las mujeres es de desventaja sistemática en todos los aspectos de la vida pública y privada, pese a los cambios legales e institucionales, e implementar acciones afirmativas. Asumir en los planes de desarrollo social y económico, que la desigualdad de trato es sustento de la económica y que se deben de combatir articuladamente.

Obligar la accesibilidad física, de información, de comunicación en todos los espacios públicos. Garantizar el Estado laico para fortalecer el régimen de libertades. Lograr que la seguridad social no haga distinciones irrazonables, injustas o desventajosas en razón de la preferencia sexual, el sexo, la discapacidad o el tipo de trabajo que desempeña.

Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, y hacer los cambios que corresponden. Impulsar una revolución legislativa revisando los contenidos de leyes, códigos y reglamentos que fueron hechos sin perspectiva de derechos humanos y de no discriminación. Debatir públicamente sobre el interés público de los medios de comunicación y la utilidad pública que deben tener.

Establecer mecanismos para coordinar la implementación de los tratados internacionales ratificados por México, entre muchas otras tareas.

Es compleja la consolidación de la democracia cuando ésta requiere mirada de iguales, de reconocimiento, de respeto, de dignidad. Es complejo cuando nuestra historia nacional parece convencernos de que es más benéfico mirar con el ojo autoritario de quien todo quiere decidir y no perder privilegios, mirada introyectada por la desigualdad que sostiene el clasismo, el racismo, de la misoginia, la homofobia, el estigma contra quien vive con VIH o sida, o la descalificación del contrario por principio. Garantizar el derecho a la no discriminación es obligación de toda institución pública. Reaprender la percepción de la diversidad y construir la igualdad de trato debe ser lo que a cada persona, colectivo y grupo social corresponde.

Pongamos cada quien lo que nos toca para hacer realidad la igualdad que está establecida legalmente. México no se merece nada menos que eso.

* El autor es experto en derecho a la igualdad y a la no discriminación.