Como correctamente afirmó Luis Miguel González en su columna en estas mismas páginas el viernes pasado, la economía mexicana no necesariamente está blindada contra una crisis el próximo año. La lucha electoral por la Presidencia, ensuciada por la experiencia del 2006, en un entorno económico mundial que podría ser no muy favorable para México, podría generar presiones sobre varias variables como el tipo de cambio y las tasas de interés, las cuales afectarían el desempeño de la economía.

Ante este posible escenario, es tiempo de actuar para fortalecer estructuralmente a la economía mexicana, generando las condiciones institucionales para una mayor competitividad de los diferentes sectores de la producción y lograr simultáneamente un mercado interno más vigoroso que se derivaría en un mayor nivel de empleo y mayores salarios reales. Las reformas que hay que llevar a cabo son de todos conocidas; sin embargo, como lo apunté en mi artículo de la semana pasada, éstas se encuentran varadas porque, para los legisladores del Congreso de la Unión, estos cambios no son una prioridad, como sí lo es el mantener un arreglo institucional que siga permitiendo y premiando la búsqueda y apropiación de rentas.

Es tiempo de actuar, pero como la historia muestra, en México hemos desaprovechado todas las oportunidades para hacer las reformas necesarias porque siempre ha ganado el argumento de que los tiempos políticos no son los adecuados para hacerlas, habiendo utilizado este pretexto una y otra vez cada ocasión en que se les apremia para que se pongan de acuerdo y las saquen adelante. En realidad, utilizar este argumento es sólo una cortina de humo para no modificar el arreglo institucional que derivaría en la pérdida de rentas para los diferentes grupos de interés.

Las elecciones locales de este año, particularmente las del Estado de México, han concentrado la atención de los políticos, habiendo ensuciado el primer periodo legislativo de este año, al grado de que prácticamente no avanzó ninguna propuesta relevante, excepto la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Y ahora la pregunta es: habiendo pasado las elecciones, en el siguiente periodo legislativo, que empezará en septiembre, ¿se darán las condiciones políticas para que avancen las reformas? Uno quisiera ser optimista al respecto, pero nuevamente hay que acudir a la historia, situarnos en la realidad y adoptar una actitud pesimista. Dadas las condiciones políticas, sería una verdadera sorpresa si se aprueban las reformas. Lo más probable es que en el estire y afloje prácticamente nada relevante suceda.

Es crucial hacer una profunda reforma tributaria que no solamente fortalezca estructuralmente las finanzas públicas, sino que alinee los incentivos fiscales con el objetivo de mayor inversión y crecimiento. Es necesaria una reforma laboral que incentive una mayor productividad; también una reforma energética que introduzca elementos de competencia en este sector y la reforma en telecomunicaciones que genere mayor competencia y reduzca los costos para los usuarios, así como la reforma a la seguridad social para eliminar el incentivo para operar en el sector informal de la economía. Y más.

Hay que hacer conciencia entre los legisladores, quienes se desgañitan todos los días porque la economía no crece más rápido; apremiarlos para que aprueben las reformas. Dados los tiempos políticos, el periodo de septiembre–diciembre será la última oportunidad para que estas reformas se aprueben. O se hacen ahora o habrá que esperar hasta el 2013 y seguir en un desempeño mediocre.

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