Entre las atrocidades que no deberían suceder en un país de leyes y, menos aún, quedar impunes, el abuso sexual infantil es una de las más dolorosas. No sólo por el argumento, válido, de que se daña a inocentes sino también porque  si una sociedad y un Estado no son capaces de proteger y respetar a niños y niñas, es dudoso que respeten los derechos humanos de hombres y mujeres. 

Una de las obligaciones internacionales básicas del Estado mexicano es la protección de la infancia, no en un sentido asistencialista sino en el pleno sentido de respetar sus derechos (a la vida, la integridad, la intimidad, entre otros) y de garantizar su desarrollo físico y mental con acceso a la educación, la salud, y una vida libre de violencia, por sólo nombrar algunas de las condiciones necesarias para el bienestar del ser humano y de la infancia en particular. Para nuestra vergüenza, lejos de cumplir con el respeto a estos derechos, el Estado mexicano no sólo no ha garantizado una vida libre de violencia a niños y niñas sino que ha tolerado o ignorado múltiples casos de abuso sexual infantil en escuelas, privadas y públicas; es decir, ha permitido que sus instalaciones sean usadas para delinquir y dañar. Peor, aun sabiendo lo que sucedía, sus agentes del Poder Judicial han revictimizado a las víctimas y dejado impunes a casi todos los perpetradores.

La responsabilidad del Estado mexicano, y de los sucesivos gobiernos desde inicios del siglo, que no han  tomado medidas para prevenir la explotación sexual de la infancia, ni para frenar la  pornografía infantil o el turismo sexual, ni, menos, el incesto y el abuso en las familias, se ha hecho de nuevo evidente, y con toda claridad, gracias al trabajo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) que hace dos semanas publicó el informe "Es un secreto". Aquí se documenta el abuso sexual infantil organizado en 37 escuelas de 7 estados mediante casos analizados durante más de una década. Con un tono mesurado y un cuidadoso manejo de la información, delicada por tratarse de menores de edad y de violencia extrema, este reporte refiere abusos sexuales, maltrato y violencia física y psicológica que podrían compararse con tortura. Evidencia también cómo la impunidad de estos delitos no se debe tanto a la falta de denuncia (que también sucede) como a la incapacidad, ineptitud y falta de preparación de los encargados de "procurar justicia" y, desde luego, a la falta de supervisión y prevención de la SEP que ha permitido que personas que deberían educar, formar y cuidar a niños y niñas hayan en cambio construido redes de explotación sexual infantil en  instalaciones públicas (y privadas) con la participación de directoras, supervisores, docentes, entre otros.

El sentido ético con que la ODI maneja la información acerca de estos abusos no impide darse cuenta de la gravedad del daño infligido a las víctimas: cuando hablan de trauma profundo y complejo, se trata de secuelas físicas y psíquicas semejantes a las que provocan la tortura o la guerra en adultos, desde pesadillas hasta ataques de pánico, violencia y agresiones incluso de tipo sexual, y diversos trastornos físicos. Esto en niños y niñas de entre 3 y 7 años. Golpeados y amenazados. Obligados a agredir a otros. Filmados y fotografiados. Sedados y sacados de la escuela. O abusados en patios, baños y ¡hasta en la propia dirección!. No sólo abusados, aterrorizados. Dañados quizá de por vida.

¿Qué han hecho las procuradurías o la PGR?  Arrastrar por más de veinte años los mismos vicios que explican otros casos con décadas de impunidad, como falta de coordinación entre MP y policía de investigación, incapacidad para investigar, falta de preparación para proteger los testimonios de menores, fallas que documenta la ODI y corroboran especialistas que han seguido casos semejantes.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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