Quienes han trabajado durante décadas contra la violencia hacia mujeres y niñas han señalado los problemas más urgentes, denunciado y seguido casos, implementado programas de prevención  y atención, y planteado soluciones. Su trabajo las ha enfrentado a la inercia y falta de coordinación de las instituciones encargadas del problema. La maestra Irma Saucedo destaca en este campo por la claridad de su visión y su persistencia en crear redes e incidir contra las violencias machistas, desde la academia, la consultoría y el activismo.

Entrevistada acerca del informe de la ODI, Saucedo señala que desde hace muchos años es evidente que no se sabe atender a niños y niñas víctimas de violencia sexual ni en el país ni en la Ciudad de México, donde supuestamente hay más y mejores servicios. Así, niños y niñas abusados en las escuelas, y sus familias, han quedado sin apoyo, sin que el Estado garantice sus derechos conforme a sus obligaciones internacionales, establecidas por ejemplo en Belem do Pará, convención que destaca la especialista porque la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas y mujeres y en ella se plantean con claridad las obligaciones del Estado contra la violencia.

Saucedo explica que el Estado está incumpliendo el mandato de "debida diligencia", prevención, "juicio justo", medidas legales eficaces, incluyendo medidas de protección (art.7), que en los casos de violencia sexual son cruciales pero que en México no se dan porque las fiscalías "tratan este delito como si fuera robo de autos", y le tocara a otros resarcir a las víctimas. Reparar el daño a las víctimas es obligación del Estado pero "no tenemos ningún mecanismo que lo garantice. Los efectos de la violencia nunca se toman en cuenta, ni el daño a la familia y el entorno"; la madre en general acaba haciéndose cargo de lo que le pasa al niño, "sin recurso de ningún tipo, ni legal ni de salud, ni psicológico, ni de terapia familiar", que son indispensables.

Así, el Estado incumple también su obligación de contar con servicios especializados para dar asistencia a mujeres y niñas, como refugios o centros de cuidado y custodia de niñas afectadas (art. 8). Mientras que los refugios son insuficientes, los servicios especializados para la infancia violentada no existen. Este tipo de delitos se reproducen porque los agresores salen libres ya que las fiscalías carecen de áreas especializadas que cuenten con pediatras y paidopsiquiatras capacitados en violencia sexual. Desde hace años se ha señalado la urgencia de resolver esta grave carencia, más ahora dada la magnitud del problema.

La violencia sexual contra la infancia no es nueva: en la CDMX. Saucedo denunció y siguió el caso de una escuela en Tlalpan: "nunca se hizo una investigación que llevara a capturar a la red". Recuerda también el caso de Casitas del Sur, donde la propia procuraduría "estuvo involucrada" pues mandó niños ahí y "no se investigó, ni se descubrió la red responsable de ese maltrato".

Acerca de las fallas en las investigaciones, la especialista, quien ha seguido de cerca terribles casos de violencia machista, es contundente: "los MP no están preparados, leen mal la problemática, construyen el caso sin evidencia, no investigan a los grupos en las escuelas, porque son grupos". Así, el Estado incumple su obligación de proteger los derechos humanos.

Recordemos que el "Estado" está compuesto por instancias específicas. En este caso, son responsables las procuradurías anteriores y las actuales fiscalías; en la capital, la fiscal, la jefa de gobierno; en el país, las Secretarías de Educación y de Salud, Inmujeres, DIF, autoridades estatales y el propio presidente. Todos responsables de violar los derechos humanos, por negación, por falta de capacitación y porque "en vez de coordinarse, las instituciones compiten entre sí". Sin política pública integral para prevenir y sancionar estas violencias, niños y niñas quedan a merced de depredadores en instituciones convertidas en sedes de tortura.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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