La revelación de la compraventa de la casa del presidente Peña Nieto en Ixtapan de la Sal por el diario The Wall Street Journal es la secuela de indicios de corrupción y conflicto de interés que se mece sobre el gobierno federal; la reacción para aclarar sigue siendo torpe y no convence.

La Casa Blanca de la primera dama, la casa de Malinalco de Luis Videgaray, y ahora la de Peña Nieto siguen el mismo hilo conductor: negocios con proveedores del gobierno del Estado de México y del gobierno federal; eso, aunque no les guste o traten de demeritarlo, se llama conflicto de interés.

La conseja popular dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas . En el mejor de los casos las tres adquisiciones dan por lo menos para levantar las cejas. Quien ha dado una explicación con un poco más de elementos es Videgaray, pero se viene abajo cuando se hace la simple reflexión: él es un especialista en finanzas que manejaba fondos por miles de millones en Protego, y le pide prestado a un proveedor al que le pagaba desde Finanzas del Edomex y ahora desde Hacienda.

Diera la impresión de que el gobierno federal tomó el camino de dejar pasar el tiempo, se ven contra la pared, apanicados ante la posibilidad de que sigan saliendo más y más casos de transacciones prefieren disimular.

Cualquier analista o consultor en comunicación política les habría advertido de la necesidad de aclarar de manera contundente y convincente, a condición de que a una no le siga otra, para el caso ya son tres. Las dos apariciones del vocero presidencial han dejado más evidencias del conflicto de interés.

Tampoco deja de sorprender la ligereza con la que tratan de justificar las adquisiciones, que sean amigos de la infancia o de muchos años no cambia los límites que deben existir entre particulares y funcionarios públicos. Es insostenible insistir que no hay conflicto de interés; si no lo entienden, entonces es grave, su escala de valores está del todo distorsionada.

Con el conflicto de interés se hermana la corrupción, por eso en países como Estados Unidos no se acaba de entender la manera en que el gobierno de Peña Nieto ha tratado de explicar los señalamientos; allá cualquiera de estos casos ya estaría bajo investigación, y los implicados en un procedimiento aclaratorio, incluida Angélica Rivera, porque se le destinan recursos públicos.

El tema de la corrupción se está convirtiendo en una pesada losa para México; organismos internacionales como la OCDE, a pesar de la desesperada defensa de Gurría, difunden datos del impacto de la corrupción en la economía nacional, los inversionistas se la están pensando cuando se enteran que deben destinar 30 o 35% para los moches, y lo más importante: la sociedad mexicana está harta de escuchar casos y casos, un día las casas y otro los excesos del gobernador de Chihuahua que vienen documentándose en los últimos días.

Finalmente, no deja de ser sospechoso, por decir lo menos, que sean muchos los medios que ante estos temas guardan silencio.

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