En una nota publicada en El Universal, firmada por Carla Martínez, se hace referencia a las recientes declaraciones de Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en torno a la polémica desatada por el sindicato de Telmex por la orden de separación funcional de la empresa. La separación funcional, como su nombre lo indica, es sólo la separación de funciones entre distintas unidades de negocio de la misma empresa, de ninguna manera se trata de un mandato para que ésta transfiera activos o pasivos a terceros independientes. En este caso, Telmex seguirá siendo la dueña de todos sus activos y la responsable del pago de todos sus pasivos, incluso los laborales, toda vez que tanto sus operaciones al mayoreo (aquellas que está obligada a prestar a sus competidores, mientras mantenga su condición de Agente Económico Preponderante), como sus servicios al menudeo (es decir, los que presta a usuarios finales) se mantendrán dentro de la propia empresa a través de subsidiarias 100% propiedad de la misma Telmex.

Desde la reforma en telecomunicaciones, que dio rango constitucional a las facultades del IFT para imponer una regulación asimétrica al Agente Económico Preponderante; es decir, América Móvil, Telmex, Telcel y todas las empresas sujetas al control común del ingeniero Carlos Slim y su familia, el sindicato de Telmex ha manifestado su abierta oposición a la compartición de torres, postes y ductos de la empresa o a la desagregación de su bucle local, esto es, permitir a sus competidores llegar al usuario final utilizando el último tramo de acceso al domicilio del cliente, contra el pago de una contraprestación determinada por la autoridad.

Tanto Telmex como su sindicato han pretendido convencer a la opinión pública de que esta medida conlleva el riesgo de que Telmex sea inviable o de que los trabajadores vean afectadas sus pensiones. Nada más falso. En primer lugar, Telmex seguirá prestando servicios a los usuarios finales tal y como lo hace hoy a precios determinados por la oferta y la demanda del mercado. En segundo lugar, la compartición de torres, postes y ductos, así como la prestación de servicios al mayoreo para la desagregación del bucle local, se darán contra el pago de contraprestaciones determinadas por el IFT que le permitirán recuperar sus costos, tanto de inversión como de operación, así como recibir un margen de utilidad razonable, muy por encima de aquellas utilidades que generan los principales mecanismos de inversión en los mercados. Es absolutamente falsa la especie difundida por Telmex y el sindicato en el sentido de que le obligan a “regalar” su red a los competidores. Sin lugar a dudas, éstos pagarán por la infraestructura y servicios que lleguen a utilizar. Lo que sí es cierto es que tanta preocupación por sustraer del mercado la infraestructura y servicios mayoristas de Telmex conlleva la intención implícita de mantener barreras de entrada al mercado.

El presidente del IFT fue muy claro al precisar que de ninguna manera se dará marcha atrás a la separación funcional de Telmex y también al explicar la razón de ser de la medida: “las desagregaciones de líneas ordenadas por la Constitución estaban en un nivel muy lejos del óptimo. De más de 20 millones de casas pasadas apenas había un centenar de líneas desagregadas (...) De esta situación se percató el regulador en la revisión bianual de medidas asimétricas impuestas a América Móvil y sus filiales”.

Por último, los derechos de los trabajadores han sido garantizados tanto por la reforma de telecomunicaciones en su artículo decimoctavo transitorio, como por la propia Telmex; tan es así que, de acuerdo con el Informe de la Comisión Obrero Patronal de Telmex de septiembre del 2013, la empresa se obligó a respetar los derechos de los trabajadores:

“Conservación de Derechos de los Trabajadores. En atención a la definición de los términos y alcances de la reforma constitucional planteada en materia de telecomunicaciones, así como de su Ley Reglamentaria posterior, se acordó con la empresa el respeto a los derechos de los trabajadores, en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y los diversos convenios pactados”. Link: goo.gl/EbDqms

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.