El gobierno mexicano negó a Telmex la modificación de su título de concesión para que ofrezca servicios de audio y video restringidos.

En otras palabras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Dionisio Pérez Jácome, le negó al hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, la posibilidad de explotar un nuevo negocio: el servicio de televisión restringida.

Por lo menos le negó esa posibilidad en tanto no cumpla con los requisitos del Acuerdo de Convergencia en materia de interconexión, interoperabilidad y portabilidad.

Ello a pesar de que Telmex asegura que sí cumple y ha cumplido con todo lo que exigen las autoridades y la ley.

La SCT fundó su decisión en estricto apego al marco legal y a la revisión del expediente de Telmex.

Es decir, la autoridad no dio margen a la discrecionalidad; actuó con la ley en la mano.

En el documento de 77 páginas, la SCT resumió todas y cada una de sus razones para no conceder a Telmex la modificación de su título de concesión y eliminar la prohibición expresa que tiene para ofrecer servicios de audio y televisión restringida.

Sanciones, huellas del incumplimiento

Además de las razones legales, la dependencia gubernamental revisó a profundidad el expediente de Telmex y encontró que ha incumplido con varias condiciones de su título de concesión y con el Acuerdo de Convergencia.

La SCT encontró varias sanciones que le han sido fincadas a Telmex y otras 15 que están en proceso de análisis.

Telmex tiene en su haber tres multas por una suma que ronda los 7 millones 340,000 millones de pesos, por no entregar información para comprobar la eficiente interconexión con otros operadores.

Otra por poco más de 4 millones 600,000 pesos por infracciones derivadas de la interconexión a la operadora Axtel.

Una más por 1 millón 800,000 pesos por conductas que afectan la calidad e interferencia al servicio de Axtel.

Y otra por casi 850,000 pesos.

Además, Telmex acumula 15 procedimientos administrativos de imposición de sanción iniciados en su contra y de su subsidiaria Telnor.

Afirmativa ficta, ¿por encima de la ley?

Telmex, desde el punto de vista de la SCT, no cumple con los requisitos que dispone el Acuerdo de Convergencia; incumple con algunas condiciones de su título de concesión y además no cumplió con los requisitos que prevé la ley para la modificación de su título de concesión.

La SCT argumenta en su respuesta que la afirmativa ficta no podía estar por encima de la ley.

La afirmativa ficta -indica la dependencia- no puede suplir las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar el cumplimiento de diversos requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia. Por cuanto a la contraprestación, ésta debe surgir de una opinión inicial de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y a partir de ella la SCT debe fijar el monto.

DIONISIO, LA DECISIÓN

La respuesta de la SCT a Telmex fue sin duda alguna una de las más difíciles pruebas de fuego para el gobierno y en particular para el flamante secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome.

La afirmativa ficta hizo de hecho a un lado al órgano regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en donde su presidente, Mony de Swaan, ya ordenó una investigación para deslindar responsabilidades del pasado reciente.

El silencio administrativo en el que incurrió la Cofetel pudo haber sido por falta de coordinación, ineficiencia o por corrupción. Le toca al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, determinarlo. Pero más allá de la investigación correspondiente, lo cierto es que en la emergencia, la SCT esterilizó el asunto y lo encapsuló al análisis técnico-legal.

Con eso evitó que la pasión se impusiera a la aplicación del derecho y finalmente emitió una respuesta que difícilmente le podrán derribar.

Dionisio Pérez Jácome y su director de Asuntos Jurídicos, Gerardo Sánchez Henkel, respondieron con eficiencia y eficacia.

CUENTOS VERAS

De los tres grupos más avanzados en la documentación que acredita su interés por Mexicana de Aviación están Avanza Capital, Ivan Barona y Altus Prot, en este último destaca entre sus inversionistas, Francisco Lanz Duret.