Al momento de escribir este artículo, el pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) sesiona para resolver sobre la adquisición por parte de Televisa de 50% de las acciones de Iusacell. Aunque muy probablemente al leer estas líneas usted ya sepa el sentido de la resolución de la CFC (si es que no se pospone), yo no lo sé aún. No obstante, puedo aventurar el resultado partiendo de la buena fe de la CFC y del cumplimiento de lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica.

En términos de la ley, lo primero que debe hacer la CFC es determinar el mercado relevante en el que se llevaría a cabo la concentración. No se requiere ser economista para saber que el mercado del que estamos hablando es el de telefonía móvil y sus servicios conexos. En ese mercado, Iusacell tiene una participación de 4% y Televisa de 0%; por tanto, una vez consumada la concentración, ambas empresas mantendrían, en una primera etapa, el mismo porcentaje que ya tiene Iusacell el día de hoy.

Una vez determinado el mercado relevante, la CFC debe analizar si la concentración otorga a las partes poder sustancial en dicho mercado. Es decir, si adquirirían la posibilidad de fijar precios y condiciones en el mercado. Es evidente que con una participación de 4% Iusacell carece de dicho poder sustancial, por lo que la concentración debe ser aprobada por la CFC.

No obstante, intereses particulares como los de Dish, MVS, Telmex, Telcel y Telefónica Movistar, entre otros, han pretendido confundir a la opinión pública con la intención de sacar de la jugada a un competidor serio o bien, como posicionamiento para que la CFC obligue a Televisa y Televisión Azteca a asumir ciertas obligaciones en mercados distintos a aquel en el que se lleva al cabo la concentración. Por ejemplo, Dish quiere programación barata de Televisa y Televisión Azteca, MVS quiere presionar para obtener sus prórrogas a las concesiones que tiene en la banda de 2500 a 2690 MHz. Telmex, Telcel y Telefónica Movistar quieren inhibir la competencia y mantener su posición privilegiada en el mercado de telefonía, tanto fija como móvil.

Pero no sólo hay intereses detrás de la serie de ataques a esta concentración, también están los rencores de siempre. El diputado-senador-diputado-grillo -¿cuándo trabajará este señor?-, Javier Corral, sigue ardido por el pagaré que Televisa le ejecutó para cobrarle los spots que contrató cuando fue candidato a Gobernador de Chihuahua (¡cómo se atrevieron, si ellos, los grillos, merecen todo gratis ya que sólo trabajan por el bienestar del pueblo!). También su séquito de ONGs que vienen a salvarnos de nosotros mismos está muy ofendido porque los mexicanos prefieren las telenovelas a sus rollos.

Y de la clase política mejor ni hablar: en época de elecciones agachan la cabeza ante las televisoras con abyecta sumisión y ya en el hueso se despachan con la máscara del Estado para vengarse de los medios que no supieron valorarlos en toda su grandeza. Véase la reforma constitucional en materia electoral del 2007 cuya paternidad nadie quiere reconocer y que hoy restringe la libertad de expresión de todos.

¡Hasta de ellos mismos! Pero bueno, la estaca no tiene la culpa si el sapo salta y se ensarta. Esto es precisamente lo que consiguió nuestra clase política con su aberrante reforma.

En fin, que la CFC debe resolver con base en la ley y no en función de las presiones de aquellos que buscan algo a cambio, ya sea de naturaleza económica , simplemente, saciar su sed de venganza, su mezquina envidia y su rencor. Lo que el mercado de telefonía móvil requiere es mayor competencia que derive en mejores precios y mejor calidad en los servicios, no servir de moneda de cambio para satisfacer a grupúsculos de interés.

*El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, catedrático de la Universidad Iberoamericana, AC y Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.