A un ignorante es muy difícil explicarle en una tarjeta o en una cuartilla, sobre todo si no sabe nada, no quiere aceptar lo escrito o no quiere leer, las complejidades de un tratado o de las disposiciones legales que obligan a un país, cuando se firma un tratado de libre comercio. Un tratado no es como un contrato de compraventa de un departamento en la del valle o en Iztapalapa. Se tiene que leer en conjunto, en su complejidad y compromisos, en el poliedro que son sus alcances y los papeles de los involucrados. De nuevo, el caso se aplica al Presidente de nuestro país. AMLO, no sabe leer ni la Constitución, ni los tratados, cree que lo que dice un artículo, es garantía de su voluntad, pero no es así.

A propósito de la carta que le enviaron legisladores (senadores y miembros del Congreso de aquel país la semana pasada), su respuesta es timorata y de dar ternura ajena. Dice AMLO que México se arrogo el derecho de definir su política energética y la soberanía sobre sus recursos frente al T-MEC. Y, sí lo hizo en una parte, muy pequeña, pero en lo que al presidente se le va la vida, No.

Voy a tratar de ser breve. En efecto, en el tratado, las cosas en el capítulo de energía quedaron así:

“Artículo 8.1: Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos 1. Según lo dispone este Tratado, las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. (Esta frase debió gustarle mucho a AMLO, pero nadie ha definido ni procesos democráticos, ni está garantizado en ningún artículo del tratado como es o en que consiste un proceso democrático; o cómo cambiará la política energética del país, por esa vía. Todo lo demás son decisiones del gobierno que están a juicio de las otras dos partes del tratado o serán inaceptables conforme al capítulo de inversión) 2. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios (SIC) disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b) México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Claro que Estados Unidos y Canadá reconocen los derechos de México sobre sus campos y plataformas de producción. Es una discusión vieja. Como abogado de la mesa de energía, José Alberro, Jesús Flores Ayala y yo lo hablamos ad nauseam. El problema es cuando ese reconocimiento se contrapone con el capitulo de inversión. Si una empresa se inscribe en le registro público de la propiedad o en el SAT, se vuelve mexicana y no puedes aplicar medidas que sean discriminatorias o de trato no nacional frente a ellas. Es decir: si alguien constituyo una empresa (digamos ENRON) en México, con sus leyes y ante notario, no le puedes aplicar ninguna medida que no le permita invertir y hacer tratos en energía (eléctrica o petrolífera).

Dicho de otra manera. El gobierno federal puede tener una política energética, pero esa política tiene que incluir y darle el mismo trato que a PEMEX y a CFE, que a todas las demás. De eso el presidente, que tardo 17 años en graduarse de licenciado, no quiere hacerse cargo ni tratar de entenderlo.

Incluso, como dice el propio tratado en el capítulo de inversión: “Artículo 14.3: Relación con Otros Capítulos 1. En caso de cualquier incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo de este Tratado, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad”. Pero el capítulo de energía sólo dice dos cosas que México puede establecer políticas “democráticamente definidas” lo cual no esta no definido y no es claro que significa, y que los bienes de México son de México. Como también los de Canadá son de Canadá y los de EUA son de EUA. Por lo demás, todos los inversionistas o empresas constituidas en México, no pueden tener un trato distinto al de PEMEX, ni de CFE. Cualquier cosa, que se haga como decisión administrativa en contra de ellas, se llama discriminación comercial o barreras a la inversión. El presidente y el gobierno federal, entonces, se van a tener que morder el alma, porque no hay nada que hacer. Y, por cierto, la carta de los congresistas, no sólo tiene razón, sino que es el inicio de una disputa amarga y costosa.

Lo es, porque cualquier empresa que se queje de trato no nacional, podría recurrir a un tribunal y pedir compensaciones de miles de millones de dólares. Ese es el verdadero costo de la ignorancia. Que los mexicanos que pagamos nuestros impuestos, acabemos pagando la ignorancia de nuestro jefe de Estado y presidente, que ya sea por su desconocimiento absoluto, por su necedad o soberbia o por su obtusa visión ideológica, nos cargue la cuenta de no entender el mundo en el que vive. No será la primera vez, pero tampoco, nada menos o nada más, ya veremos.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.