Seis días después de haber vencido el plazo para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación establecido en nuestra Constitución, los diputados federales, gracias a la incapacidad del grupo mayoritario de realizar consensos, nos reunimos el 21 de noviembre en una sede alterna para cumplir con esta responsabilidad. Como se esperaba, la discusión sobre cómo se distribuiría el gasto el próximo año fue muy compleja, pero también fue bastante reveladora, ya que, no sólo dejó claro que la intención de Morena es traicionar a los que menos tienen, sino debilitar a las instituciones cuya prioridad es mantener la paz y la seguridad en nuestro país.

Como diputada de oposición sentí, junto al resto de mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, que era nuestro deber atender esta sesión y cumplir con nuestra obligación de demandar un presupuesto responsable, que promoviera el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas. Sin embargo, y pese a nuestra insistencia de exigir más recursos para corregir el rumbo de una administración poco eficiente, fueron muchos los sectores e instituciones que se vieron afectadas.

Recordemos que tras la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2020, los diputados teníamos la responsabilidad de redistribuir 11,000 millones de pesos más a los que fue repartido con el proyecto enviado por el Ejecutivo federal. No obstante, resulta alarmante que no se pudieron tomar decisiones inteligentes, ya que recompensaron más a los sectores menos afectados por la propuesta original y perjudicaron a ciertos instrumentos esenciales para mantenimiento de la paz, particularmente a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Comparado con la propuesta enviada por mi paisano, el presidente López Obrador, la FGR recibió 1,500 millones de pesos menos, esto es particularmente preocupante, ya que las cifras oficiales indican que este año acabará siendo el más violento en la historia moderna de nuestro país, con más de 25,000 asesinatos a nivel nacional registrados hasta el momento.

También resultó alarmante que el FASP no se vio beneficiado por la redistribución del gasto y sólo se le asignaron 233 millones de pesos adicionales, es decir, en términos reales, cayó 0.3 por ciento. Como tabasqueña, esto es bastante preocupante, ya que este fondo únicamente toma en consideración el criterio poblacional para su repartición, dejando de lado la incidencia delictiva. En otras palabras, este fondo recompensa más a estados con mayor población y de menor manera a estados como Tabasco, cuya incidencia delictiva en delitos del fuero común, en proporción al número de habitantes, es mucho mayor.

Es lógico que, ante la falta de recursos y la alta tasa de incidencia delictiva, Tabasco sea el primer lugar en percepción de inseguridad a nivel nacional (90.2% de la población considera que la entidad es insegura); por ello, presenté varias reservas al dictamen del presupuesto, no sólo para aumentar los recursos destinados para el FASP, sino también para modificar sus criterios de repartición de recursos. No obstante, como todas las reservas que presentamos, no fueron aceptadas por la coalición mayoritaria, algo vergonzoso.

Tampoco puedo dejar de mencionar que le hayan quitado más de 1,300 millones de pesos al Poder judicial, cuya responsabilidad de administrar la justicia se vuelve esencial, especialmente en estos tiempos de enorme inseguridad. Sin duda, la discusión del PEF 2020 demostró que hoy los mexicanos tenemos un gobierno cuya prioridad no es la seguridad ni la paz, y a pesar de que el gobierno de la 4T nos prometió no mentir, no robar y no traicionar, desafortunadamente, hemos visto todo lo contrario. Como dice mi compañera, la diputada Anilú Ingram Vallines: tanto poder para no poder.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.