La lucha antihuachicol va. Eso ya nos tiene que haber quedado clarísimo a todos los consumidores de gasolinas del país, en zonas afectadas y no. El esfuerzo no se limita al despliegue de fuerzas militares y de inteligencia, que ha sido ampliamente documentado. La parte más tangible llega, incluso, a supeditar a este esfuerzo el uso de algunos activos de infraestructura logística de Pemex, crucial para que las gasolineras estén debidamente abastecidas en diferentes regiones.

La intención es incuestionable. Para luchar contra el huachicol —el crimen, ilegalidad, corrupción, y pérdida de patrimonio público— hay un apoyo prácticamente generalizado. Lo que se ha cuestionado ampliamente es si la planeación, logística e implementación han sido adecuadas. Basado en la disculpa que ofreció la secretaria de Energía, Rocío Nahle, hace unos días, parece que la respuesta es no. Pero eso no significa que todo esté mal. Aún no sabemos, a ciencia cierta, cuál será el impacto general de la medida —la suma de los costos y los beneficios—.

Sabemos cuántas pipas, o sus equivalentes, ha dicho el presidente López Obrador que se han dejado robar por día, mientras los ductos están parados y las gasolineras cerradas. Pero, con la información disponible, no sabemos cuándo podríamos tener gasolineras plenamente abastecidas. No sabemos cuánto le va a costar a Pemex, en total, estar usando pipas de más ni haber retrasado el despacho de buques en Tuxpan. No hay un cálculo, formal o informal, del tiempo y oportunidades perdidas por todas las afectaciones —desde industrias y comercios hasta familias e individuos—. Del lado positivo, no sabemos cuáles serán los beneficios permanentes: cómo se traduce la información recabada y los litros varados en menos posibilidades de huachicoleo futuro, ya que la normalidad en la distribución se restablezca.

En su momento, con información verificable a la mano, valdría la pena regresar al tema. Pero, por mientras, ya hay una conclusión definitiva: la seguridad energética de amplias regiones en nuestro país está en un estado crítico. Es muy endeble.

No sólo se trata, como lo fue en algún momento, de si somos petroleros o no, de cuántas reservas tenemos o de nuestro nivel de importaciones (y de qué tipo de países) de crudo y refinados. Todos estos factores pueden incidir en nuestra seguridad energética. Pero, desde que Daniel Yergin, uno de los expertos más reconocidos en el plano energético global, puso el tema sobre la mesa de nuevo en el 2006, la seguridad energética es casi un sinónimo de resiliencia. La nueva forma de entender el concepto mide qué tan rápido un sistema puede adaptarse para garantizar que la energía demandada esté disponible.

Bajo este lente, es innegable que México es frágil. La clausura voluntaria de un par de ductos ha implicado que las gasolinas, existan o no, no lleguen a los consumidores —y ha puesto a buena parte del occidente y el centro del país de cabeza—. Si el shock hubiera sido involuntario, lo lógico es que el problema hubiera sido exponencialmente mayor. Si un fenómeno que las propias autoridades detonaron, bien o mal gestionado, nos saca tanto de la jugada, ¿qué tan resistentes podríamos ser ante un auténtico cisne negro?

No debe ser una sorpresa que, en la era de las redes, la receta para fortalecernos sea la diversificación: tener más nodos, más redundancias, más capacidad de almacenamiento, más vínculos internos y más vínculos externos. La traducción energética correcta no es que necesitamos más marcas de gasolineras. Necesitamos más infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución. Como referencia, nuestro sistema de poliductos es de menos de la mitad de longitud (por kilómetro de extensión territorial) que el de Estados Unidos. España, menos extenso y con menos población que la nuestra, tiene más del triple de la capacidad de almacenamiento.

Nuestra infraestructura, de preferencia, debería ser manejada por distintos operadores. No es una coincidencia que las gasolineras que mejor han ido resistiendo fueron las de compañías que se abastecen de forma independiente a Pemex.

La experiencia internacional, además, sugiere que no es improbable que buena parte de plantilla laboral de una paraestatal altamente sindicalizada termine coludiéndose con algún poder fáctico. Pero ¿de muchas compañías diferentes, que compiten y colaboran entre sí? Suena mucho menos probable.

El primer Plan Nacional de Seguridad Energética: aquí está la oportunidad para que la Secretaría de Energía, un poco desdibujada en la discusión actual, recobre su centralidad en el tema. También para reconciliar posiciones del pasado con el futuro de la energía en el país.

PabloZárate

Consultor

Más allá de Cantarell