Constantemente, hemos escuchado cómo miembros de esta administración aseveran que el pilar más importante de la llamada Cuarta Transformación es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la realidad es que este gobierno se ha caracterizado por ser de los más opacos en décadas, rehusándose a divulgar información crucial sobre proyectos insignia, así como reservándose de informar a la ciudadanía del manejo que han ejercido sobre el presupuesto. Sin duda, es claro que el llamado a la transparencia que se hizo durante la campaña no fue más que una táctica política sin sustento.

Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que tan sólo de enero a junio la Oficina de la Presidencia de la República recibió más de 1,800 solicitudes de información, de las cuales más de 300 fueron clasificadas como información reservada, o sencillamente no fueron respondidas. Esto significa que el nivel de opacidad ya es tres veces mayor al registrado el año anterior, por lo que, al ritmo que van, este será el sexenio con ¡menor transparencia en la historia reciente de nuestro país!

Es importante mencionar que México se clasifica como uno de los peores países en términos de transparencia, según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), ocupando la posición 113 de 140 países en el ranking general, ubicándose por debajo de naciones como Irán, Egipto e incluso Bolivia. Esto es bastante preocupante, especialmente si consideramos la correlación directa que existe entre la transparencia y el crecimiento económico de un país.

La ecuación es simple. La falta de transparencia equivale a una pérdida de confianza, misma que abre el paso a una caída en las inversiones y que da como resultado un menor crecimiento económico, el cual, según expertos, será cercano a 0% este año si no existe un cambio en la forma en la que se toman decisiones de política pública. Estoy convencida de que esto debe ser visto como un fuerte llamado de atención, especialmente para aquellos funcionarios que no sólo le ocultan información a la ciudadanía, sino que constantemente le mienten a mi paisano el presidente, como lo son la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero. Esta administración se ha empeñado en descalificar a cualquier organismo, especialmente los autónomos, que cumple su labor como contrapeso de este nuevo superpoder presidencial y, recientemente, fue el INAI el que fue acusado de ser un aparato burocrático sin beneficio alguno. Esto me sorprendió y, sin duda, es sumamente lamentable, ya que refleja, nuevamente, su intención de debilitar nuestras instituciones. No obstante, como auditores sociales que debemos ser todos los mexicanos, es importante recordar que este organismo es la única herramienta que tenemos para garantizar el acceso a la información, y que debemos usarla constantemente para exigirle a nuestros mandatarios la verdad en todo momento, especialmente frente al oscurantismo que ha decidido manejar esta administración.

Como lo he mencionado en varias ocasiones, de primera mano, he sido testigo de la transparencia color chapopote que caracteriza a este gobierno federal y, como economista, me preocupan seriamente las repercusiones de esta política sobre nuestras oportunidades de desarrollo y nuestro bienestar. Se acabaron las excusas. Es tiempo de transitar hacia un nuevo modelo de transparencia que garantice la confianza y asegure la captación de nuevas inversiones. De lo contrario, la prosperidad, el desarrollo y “la transformación” que tanto han prometido serán imposibles de alcanzar.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.