El tema de la televisión y radio digitales es un completo desorden. Desorden creado por aquellos a quienes pagamos por tener una industria ordenada, pro competitiva y pro convergente. Este desorden tiene nombres y apellidos: los senadores que impugnaron las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión del 2006, los ministros de la Suprema Corte que declararon inconstitucionales los artículos relacionados con la digitalización y el presidente Felipe Calderón.

Permítanme hacer memoria. En el 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el acuerdo mediante el cual se estableció la política para la transición a la televisión digital. Esta política fue producto de negociaciones entre la SCT y la industria de la radio y televisión. La SCT tenía interés en que los concesionarios invirtieran en estaciones radiodifusoras digitales y durante varios años mantengan dos redes paralelas en operación -la analógica y la digital-, en tanto los usuarios pueden sustituir sus televisiones analógicas por digitales. Este interés es lógico porque en unos años nadie va a fabricar televisiones analógicas, ya que los grandes mercados han migrado a la televisión digital. De no realizar la digitalización, México se quedaría con una tecnología obsoleta y con televisores cada vez más viejos. El problema es que invertir y mantener en operación dos redes paralelas que transmitan exactamente los mismos contenidos no tiene ningún sentido para los concesionarios, debido a que sus ingresos provienen de la publicidad que venden y de la audiencia de su programación, no de la tecnología que utilicen para transmitir. Ante esta disyuntiva, la SCT y la industria llegaron a un acuerdo: los concesionarios invertirían en las estaciones radiodifusoras digitales con base en un calendario por ciudad que termina en el 2021 y la SCT les permitiría prestar servicios adicionales aprovechando las ganancias en eficiencia que la nueva tecnología digital pudiese traer consigo.

Después, en el 2006, se reformó la ley para incorporar los principios de la política para la digitalización. Por intereses sectarios, los eternos vividores del erario iniciaron una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reformas y los ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucionales varios de sus artículos, entre ellos, el que permitía a los concesionarios prestar servicios adicionales con el espectro originalmente concesionado. A los que afectaron fue a los concesionarios de radio que actualmente carecen de incentivo alguno para invertir en redes de radio digital, a los usuarios de radio que sin digitalización nos quedaremos con equipos chatarra y, muy probablemente, al erario público, que tendrá que canalizar recursos para subsidiar la digitalización de la radio.

Por otra parte, el presidente Calderón, en un afán evidentemente electorero, publicó a finales del 2010 un decreto para adelantar el apagón analógico para el 2015 y en algunas zonas para el 2012, año en que tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales. Este curioso decreto levantó la sospecha en el Congreso de que el Presidente quería lucrar electoralmente con la entrega de televisores digitales (o, en el mejor de los casos, decodificadores).

¿Cuántos votos se pueden conseguir regalando televisiones digitales el mismo año de las elecciones presidenciales?

El Congreso, a su vez, impugnó la constitucionalidad del decreto ante la Suprema Corte, que suspendió sus efectos. En mi opinión, el decreto es inconstitucional porque la ley otorga facultades exclusivas en materia de radio y televisión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano colegiado con autonomía técnica y operativa. Si el Presidente puede hacer lo que quiera por decreto, ¿para qué demonios tenemos órganos reguladores caros cuya autonomía e imparcialidad valen un pepino?

Así, hasta hoy, las televisoras no saben cuál es la política a seguir, las estaciones de radio y la propia SCT no tienen la menor idea de cómo implementar la digitalización de la radio, México se ha convertido en un tiradero de chatarra, ya que se siguen importando receptores analógicos y, lo que es peor, nuestra clase política, desde el Presidente de la República hasta el más abyecto de los partidos siguen jugando con el erario público para satisfacer sus intereses electorales de corto plazo, importándoles nada el futuro de la industria, el desarrollo económico o la audiencia, es decir, usted y yo.

El autor es abogado especialista en sectores regulados, miembro fundador y Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, catedrático de la Universidad Iberoamericana, AC y Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.