Todos están de acuerdo con una economía verde o sustentable. Ahora, ¿qué implica? ¿Cómo? En realidad, es un nuevo proyecto económico para el país, una nueva narrativa hacia el futuro y una nueva plataforma de desarrollo que nos permita crecer y competir de manera viable a largo plazo. Implica una nueva imagen e incluso identidad para México y, desde luego, un profundo esfuerzo reformador en varios sectores de la economía. No es tarea de una sola dependencia gubernamental ni, mucho menos, es un lugar común (ya casi chocante) decir que es tarea de todos; pero ese todos significa acciones colectivas a fondo emprendidas por alguien. Ese alguien es el Estado y sus órganos de gobierno aunque, por supuesto, empresas, propietarios de tierras, comunidades locales y universidades tienen que hacer lo propio: participar, apoyar o aceptarlo. De ahí viene la complejidad institucional y política.

Ciudades, biodiversidad, mares, costas, agua, cambio climático y energía renovable son los temas centrales. Casi todo lo que hay que hacer, cuidar, reconstruir, conservar, regular, promover o desarrollar está referido a ellos. ¿Dónde hay que hacerlo? En sectores clave de la economía nacional y de la administración pública: medio ambiente y recursos naturales, campo, pesca, gestión urbana y vivienda, energía, industria, turismo, seguridad... ¿Cómo? A través de instrumentos obvios, como la regulación del Estado, la política fiscal, mercados y derechos de propiedad, contratos, inversión pública, Asociaciones Público-Privadas, financiamiento, desarrollo tecnológico, acceso a la justicia y fiscalización, información, facilitación, reducción de costos de transacción, auto-regulación en empresas y comunidades, educación...

Requiere de ajustes al modelo federalista imperante para lograr una concurrencia equilibrada entre Federación, estados y municipios, en servicios públicos, fiscalidad, desarrollo urbano, y otras cuestiones. No soslayemos que el federalismo arroja déficit enormes, por lo que habría que revisar el Artículo 115 constitucional, aunque tal vez represente para muchos algo blasfemo.

También, hay que contar con la capacidad de administrar los conflictos que generan grandes proyectos y resolverlos técnica y políticamente; en materia ambiental, instaurar tribunales eficientes y especializados que resuelvan los procedimientos jurídicos por razones de fondo y no sólo de forma y, ni más ni menos, generalizar el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley en el país.

Habría que rediseñar la administración pública federal. Por ejemplo, es increíble que en México no exista alguien a cargo de la gestión y la política en nuestros mares y aguas costeras, que representan dos veces y media más que el territorio nacional terrestre. Tal entidad puede establecerse utilizando la holgura existente en la actual Semarnat, llevando y consolidando en ella al propio Instituto Nacional de la Pesca. No hay que olvidar que la promoción y fomento de la pesca comercial y su regulación deben estar separadas para evitar el fenómeno de captura regulatoria.

La promoción de las energías renovables merece igualmente un sujeto responsable y competente, así como no mantenerse como actividad subsidiaria y difusa en todo el sector eléctrico. Es incomprensible que no existan en el gobierno federal facultades de política urbana, ¡en un país 75% urbano, y que lo será a 90% en el 2050! Por ello, debe integrarse una Secretaría de Ciudades y Vivienda (sin más burocracia), reconociéndose que el derecho a la ciudad antecede a casi todos los demás y que la política de vivienda es un instrumento primordial para hacer ciudades competitivas y sustentables.

Otro cambio crítico es la reconstrucción de un acervo de tierras de propiedad pública para la conservación, lo que implica recodificar o reconvertir la anacrónica existencia de la Secretaría de la Reforma Agraria (con otro nombre, por supuesto). La creación de una entidad reguladora del servicio público de agua en las ciudades de México (la Conagua no funge como tal ni puede hacerlo). Es realmente importante y urgente transferir a la Profepa las facultades, presupuestos y personal necesarios para la vigilancia y sanción eficaces de las descargas de aguas residuales en ríos, lagos, estuarios y costas.

En turismo, el Fonatur debe adquirir capacidades para operar e invertir en infraestructura y servicios públicos (agua, residuos, imagen urbana, espacio público) en destinos y corredores turísticos existentes y prioritarios. Y algo vital: la creación de cuerpos especializados de Policía Federal y de la Armada de México para la vigilancia de áreas naturales protegidas en tierra y en el mar. Si vamos a ser serios en materia de sustentabilidad, son inaplazables reformas de este tipo, junto con la consideración detallada de nuevas políticas públicas.

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