Es políticamente correcto. Está en tendencia. Cuenta con todos los apoyos políticos, legales y económicos para ser viable; es la sustentabilidad, tema que se ha convertido en eje de las políticas de vivienda y desarrollo urbano del país.

Y, sin embargo, la sustentabilidad se ha quedado más en el discurso y en las políticas de los organismos federales de vivienda que en la realidad, quedando muy lejos de las pláticas generalizadas que definen la operación de desarrolladores inmobiliarios y de la propia sociedad, es así que existen hipotecas verdes y que los subsidios a la vivienda privilegian a aquellos proyectos que respetan toda regla orientada a proteger el medio ambiente.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de toda esta moda ecologista?

En hecho, desafortunadamente, es que toda esta innovación regulatoria e hipotecaria se ha convertido más en un nuevo obstáculo al sector, que en acciones que verdaderamente tiendan a proteger el medio ambiente.

Porque ¿qué puede haber más dañino que promover que la producción masiva de vivienda ubique a sus habitantes a más de dos horas de escuelas y lugares de trabajo? ¿Qué puede haber más nocivo que hablar de vivienda verde? cuando su enlace con las manchas urbanas es una red de transporte anticuada, insuficiente y, ésta sí políticamente incorrecta?

El tema se hace particularmente complejo en momentos en que la sustentabilidad, más que aportar una solución parece ser una nueva barrera regulatoria y un costo adicional, no para el desarrollador, sino para el usuario final de las viviendas, que ve cómo foquitos ahorradores, calentadores solares, o sistemas de tratamiento de agua se suman al costo de la hipoteca, a falta de políticas que hagan de la planeación urbana y acciones de gobierno, punto de partida de una forma verdaderamente sustentable de hacer ciudad.

Implica además un impacto negativo en el flujo de los procesos de los negocios inmobiliarios, en momentos en que la falta de financiamiento a la producción se traduce en que esta moda ecologista representa un incremento en los costos, que si bien deberá pagar el usuario final, en una primera instancia deberá ser cubierto por el desarrollador.

El hecho es que la sustentabilidad no debiera ser incorporado a todo el cubilo de factores que conforman la dictadura de la hipoteca, debiera ser, por el contrario, parte de una verdadera política de Estado, traducida en políticas y acciones de gobierno, en que sea precisamente las tres órdenes de gobierno, el punto de partida de esta moderna forma de entender el desarrollo.

Hoy, siguiendo aquella vieja sentencia de que quien pone el oro pone las reglas , los organismos federales de vivienda han hecho de la sustentabilidad un factor más en el expediente de solicitud de crédito, olvidándose de ver si sus iniciativas están alineadas con la normatividad local.

Por supuesto, la moda de la hipoteca verde ha sido seguida por las instancias privadas, provocando una artificial transformación no sólo en los modelos de producción de vivienda, sino, lo que es más delicado, en la forma de vida de los millones de mexicanos que año con año están comprando viviendas equipadas con accesorios que nada tienen que ver con la realidad que se vive en sus comunidades.

Y sí, tienen focos ahorradores pero no hay sistemas eficientes en tratamientos de aguas, sigue habiendo absurdos desperdicios y robos en el suministro de luz, siguen utilizando sistemas de transportes contaminantes y, tristemente los nuevos conjuntos son, sólo en apariencia, islas de modernidad en medio de comunidades que viven más que ancladas al pasado.

La sustentabilidad, y ése debiera ser el punto de partida de todas estas iniciativas, es un concepto que parte de la planeación y las políticas públicas, teniendo a la iniciativa privada y al sistema financiero como socios colaboradores en estrategias comunes y de gran alcance.

La sustentabilidad no se construye con focos ahorradores o calentadores solares, sino con profundos ejercicios de planeación y con inversión pública.

Por supuesto, es muy positivo que los organismos federales de vivienda incorporen a sus políticas estrategias verdes, lo lamentable, es que el resto de las instancias que definen al Estado mexicano, no sean capaces de hacer de la sustentabilidad una verdadera prioridad nacional.