El Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM) determinó que en ese estado habrá elecciones a pesar del asesinato del candidato puntero, presumiblemente a manos del crimen organizado. Dos lecturas subyacen tras la postura de continuar hasta el último paso el proceso electoral: 1) no tiene sentido suspender o postergar la elección porque eso no arregla el grave problema del narcotráfico, y 2) el crimen organizado no debe salirse con la suya; hay que plantarle cara y mantener la normalidad institucional.

La primera lectura tiene sentido porque atisba la dimensión doble del problema generado por el crimen, pero se equivoca en la conclusión. Ni la suspensión de elecciones ni la necedad por llevarlas a cabo arreglan el problema del narcotráfico. Van por canales diferentes.

La segunda lectura pasa por alto que el objetivo del crimen organizado no es suspender elecciones, sino procurarse las condiciones para comprar y vender mercancía ilegal. Por lo tanto, suspender los comicios no es un acto de sumisión y derrota: puede ser una acción política responsable que busque, esa sí, mantener la normalidad institucional que fue degradándose hasta romperse violentamente hace dos días.

Las elecciones son la institución democrática pilar. Su función es renovar autoridades con una legitimidad específica que sólo se logra si compiten élites políticas en un proceso que exige competencia, libertad e información.

En Tamaulipas no hay garantías para que las élites compitan. No hay garantías para que los ciudadanos elijan con libertad y, a unos días de la jornada electoral, no hay ni siquiera información suficiente para que la sociedad sepa si el nuevo candidato priista es del grupo de los malos, de los buenos, de los de afuera o de los peores. Lo que habrá el domingo no es el último peldaño de un proceso electoral democrático. Será la última fase de una institución destruida.

La normalidad institucional se consigue si se respaldan y fortalecen los criterios que dan origen a nuestros procedimientos (en este caso, el voto). Cuidar los procedimientos, a pesar de la destrucción de la institución, no sólo es ridículo sino que pone en mayor peligro a las instituciones aledañas. Por ejemplo: con qué fuerza puede la clase política tamaulipeca diseñar una estrategia contra el crimen organizado si las nuevas autoridades son el resultado de una crisis que permite que se cuele incluso el propio crimen organizado. Poner de acuerdo en unas horas a las tribus locales del PRI, con 19 gobernadores tricolores presentes, en un clima de emergencia nacional y terror estatal, no será sencillo. Por ahí, en esas negociaciones apresuradas puede colarse todo.

No es un disparate considerar la suspensión de las elecciones; postergarlas mientras se recomponen las piezas de su rompecabezas (como mínimo que los electores y la clase política sepan quién es el candidato y de qué grupo viene), y por separado debe diseñarse la estrategia para tener un gobierno funcional y eficiente ante el crimen organizado. Lo primero resguarda la institución. Lo segundo es una política pública.